La Diputación de Cádiz ha celebrado su pleno ordinario de octubre, una sesión en la que el Gobierno provincial del derechas ha elevado su enésima modificación de crédito (para “repartir el remanente de tesorería entre ayuntamientos del PP o de sus socios”, ha lamentado una vez más el PSOE), y que se abría con la lectura de manifiesto por parte de la Asociación Gaditana de Mujeres con Cáncer de Mama (Agamama), que este año celebra su 25 aniversario, y la intervención de un representante de la Asociación Española de Enfermos de Cáncer de Mama Metastásico.
Ya en el debate de las mociones políticas, el PSOE ha recabado el apoyo unánime para que se promueva el marco legal oportuno que permita la implantación de una tasa turística voluntaria que sea gestionada de forma local. La propuesta en origen solicitaba que la Junta de Andalucía establezca las bases para que los ayuntamientos que lo desearan la aplicaran, si bien, tras una enmienda in voce de la derecha, también se interpela al Gobierno de España en el sentido de que cada administración en el marco de sus competencias establezca el marco legal necesario para su puesta en marcha. Otras medidas contempladas en la moción son solicitar el control de las viviendas de uso turístico.
Los socialistas también han sacado adelante con el apoyo de todos los grupos, salvo el PP, realizar una llamada de atención al Ejecutivo de Moreno Bonilla para que incremente los recursos destinados a la resolución de ayudas a la dependencia “y evitar que haya una lista de espera en la provincia de más de 7.000 solicitantes”. “Es una realidad que el PP no quiere ver, y no lo dice el PSOE, lo dicen los sindicatos, los colectivos de mayores, los testimonios de personas que todos conocemos sobre personas que han fallecido sin tener la ayuda”, se sostiene en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
APOYO A LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD
Por otro lado, el pleno ha respaldado en bloque la proposición de los populares en apoyo a las reivindicaciones de la Policía Nacional y Guardia Civil ante el Gobierno central, para ser reconocidos como “profesión de riesgo” y equiparar sus salarios (que ya se elevaron hace unos años); así como instarle “a cumplir los compromisos adquiridos” con estos agentes, los de aduanas y también que se atiendan las necesidades de los funcionarios de prisiones “que siguen abandonados por parte del Ministerio de Interior”. Para la derecha, “es fundamental hacer justicia con los que velan por nuestra seguridad, con los que garantizan nuestros derechos y nuestra libertad arriesgando sus vidas en cada servicio”.
Igualmente por unanimidad, se ha dado luz verde a la proposición del PP sobre la asistencia jurídica gratuita a las víctimas de violencia sexual. El texto del acuerdo reclama que el Gobierno de PSOE y Sumar reforme la normativa vigente para garantizar este servicio conforme a lo establecido en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con el argumento de que “es una obligación no sólo moral, sino legal, asegurar a todas estas mujeres una asistencia jurídica integral, inmediata, eficaz y gratuita, en igualdad con otras víctimas especialmente protegidas”.
También en este capítulo, ha prosperado la moción de Izquierda Unida en la que solicita la apertura urgente de centros de crisis de atención 24 horas a víctimas de violencia sexual, un proceso para el cual el plazo concluye a fin de año. Por ello se ha instado a la Junta del PP (que ha recibido del Estado más de 12 millones de euros para ello) a su puesta en marcha en las ocho provincias andaluzas. En este punto, la diputada de Igualdad, Susana Sánchez Toro, ha salido en defensa de ‘su’ Junta y ha aseverado que en el caso del centro que se abrirá en Cádiz “se están cumpliendo los plazos y estará abierto conforme a los tiempos que marca la Ley”.
RESPALDO A LOS ACTIVISTAS SAHARAUIS
Finalmente, el pleno ha votado de manera unánime a favor de la moción izquierdista en defensa del asilo a los activistas saharauis que luchan por la libertad del pueblo saharaui, que durante varios días han permanecido en el aeropuerto de Barajas. Sin embargo, a estas alturas, “ha sido denegado este asilo y han sido deportados a Marruecos”.
Para el diputado provincial de IU, Ramón Galán, este debate al menos “debe servir para alzar la voz y denunciar la situación en que se encuentra desde hace mucho tiempo el pueblo saharaui con el que el Estado español tiene una gran responsabilidad, ya que, recordemos, España fue potencia descolonizadora del Sáhara Occidental”. Con una modificación en el texto sugerida por los socialistas, se ha instado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a revisar la denegación y tomar medidas, para asegurar que se respetan los derechos de estos solicitantes de asilo.
SE COMPRARÁ LA FINCA EL IMPERIO EN EL BOSQUE
En lo referente a los asuntos de gestión, este pleno de octubre ha aprobado el inicio en la tramitación de un expediente para la compra de la finca El Imperio, en El Bosque. Se trata de uno de los espacios en los que la Diputación desarrolla sus programas experimentales agrícolas y ganaderos, para contribuir al conocimiento, conservación, difusión y mejora de las razas autóctonas con especial trascendencia en la provincia. Ahora se formalizarán los contactos con el Ayuntamiento para llegar a un acuerdo para la compra, proceso para el que la institución provincial ha reservado más de 1,4 millones de euros.
Además, se ha dado luz verde a la reforma del Reglamento de Honores, Distinciones, Protocolo y Ceremonial de la Diputación, que incorpora las distinciones de ‘concejal honorario y concejala honoraria’, ‘presidente honorario y presidenta honoraria’ y ‘vocal honorario y vocal honoraria de entidades locales autónomas’; además de ‘Hijo Adoptivo o Hija Adoptiva’.
La sesión también ha servido para aprobar inicialmente la nueva tasa por prestación de servicio tributario y sancionador que “beneficiará a los ayuntamientos, ya que en su mayoría verán abaratado el coste del servicio y por lo tanto aumentarán sus ingresos”.
LA ENÉSIMA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
Y como es ya casi habitual en el presente mandato con la jerezana Almudena Martínez como presidenta de la Diputación, a la sesión plenaria su Gobierno de PP y La Línea 100×100 ha traído otra modificación presupuestaria, de más de 7,1 millones de euros.
Entre las medidas destacadas, se contemplan 780.000 euros para la próxima edición del programa Cádiz Vale Más (los bonos de la Diputación, iniciativa que el PSOE ya ha llegado a sospechar que el PP iba a eliminar). Con este aporte, el programa manejará este 2024 unos 1,5 millones de euros (en 2023 terminó absorbiendo casi 3 millones). El Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico se encuentra trabajando todavía en la definición de la edición.
Por otro lado, también se incrementa la dotación del Plan de Acciones Integradas para la Revitalización de Entornos Rurales (Plan AIRER), destinado a garantizar la prestación de los servicios mínimos en los municipios donde la situación financiera de sus ayuntamientos ponga en riesgo su prestación. Se ha respaldado crear una nueva línea de ayudas para municipios con población entre 10.000 y 25.000 habitantes.
En cuanto al resto medidas económicas, como ejemplos del sectarismo que siempre saca a relucir el PSOE, se ha acordado dar al Ayuntamiento de Algeciras (del PP) una subvención de un millón de euros para mejorar el acerado en distintas barriadas y el equipamiento del parque El Tropezón. El Ayuntamiento de Los Barrios (donde el PP cogobierna con una formación localista), por su parte, recibirá casi 385.000 euros para un proyecto de reparación del pavimento del recinto ferial. Y el de Arcos (con gobierno de PP-AIPro) 450.000 euros para la construcción de una nueva red de saneamiento en la urbanización El Santiscal.
