El comité de empresa del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (CAZG) ha trasladado un escrito a todos los ayuntamientos que socios del ente (entre ellos, los siete municipios de la Bahía de Cádiz) donde además de poner en antecedentes (se habla de “caótica situación” y de “insuficiencia de efectivos que vienen a poner en riesgo la continuidad del abastecimiento”), se solicita a los respectivos alcaldes una reunión.
Y es que se quiere compartir y analizar la “situación de inestabilidad laboral” en el Consorcio que se ha producido con las decisiones de su asamblea general de mediados de junio “y que pueden llevar a que las instalaciones que hacen posible el funcionamiento no puedan atender la demanda de agua a alguno de los distintos municipios por la evidente falta de personal, dado que el existente es insuficiente y, vista la actuación de la dirección consorcial, no están dispuestos a aportar ese plus de voluntad que, hasta ahora ha hecho posible el funcionamiento”.
“Pretendemos pedir su ayuda y queremos pedir la ayuda de los vecinos de sus respectivos municipios informándoles de cómo de comprometido esta el funcionamiento de un servicio tan esencial para el desarrollo económico y social de la provincia y que, entre todos, podamos hacer posible el servicio de calidad que merecen los gaditanos”, se señala en dicha misiva a los alcaldes.
El primer Consistorio en recibir al comité ha sido el de Jerez, que además al ser el municipio abastecido con mayor población es el principal consumidor del ente por cuota y consumo.
Los representantes en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz insisten en que las últimas decisiones de dirección del CAZG (su presidente sigue siendo Víctor Mora, alcalde del PSOE de Sanlúcar) “constituyen una agresión a derechos fundamentales y retributivos de los trabajadores, pues consideramos que ciertos acuerdos, además de suponer tal ataque a los trabajadores, son contrarios a derecho por vulnerar el derecho a la libertad sindical en su vertiente de negociación colectiva”, por cuanto que “quienes precariamente dirigen el Consorcio se han saltado la negociación y el procedimiento regulado y garantizado por la legislación vigente a la cual, en cumplimiento de los principios de legalidad y de prohibición de la arbitrariedad, debe obligado acatamiento al inscribirse la entidad en el sector público institucional”.
En ese escrito, se le hace una petición expresa a los alcaldes para que “contribuyan a promover la revocación de aquellos asuntos asamblearios que suponen una agresión a la, ya minada, voluntad de servicio de los trabajadores”, y se les solicita esa reunión “para poder ampliar información”, pues “nos encontramos que, sin la apuesta de los trabajadores que desempeñan sus tareas en unas condiciones laborales desreguladas, el servicio de abastecimiento a los veinte municipios corre un serio riesgo”.
Esa última asamblea general venía precedida, para más inri, de un “caldeado ambiente”. Los trabajadores del CAZG aseguran que ya vienen soportando “una acusada tensión”, consecuencia del entorno laboral originado “por el hacer y talante en que incurre su dirección, configurando, con su ineficacia gestora, al mantenimiento de una situación de insuficiencia de recursos humanos para prestar el servicio; anulación de tasas de reposición de efectivos y del derecho de promoción profesional; irregularidades en materia de contratación laboral y arbitrariedades contractuales ilegales y abusivas en relevistas que acabarán siendo sancionadas por los tribunales; conflictividad judicial con generación de inseguridad jurídica; incumplimientos laborales (vacaciones, horas extraordinarias, permisos, etc.); falta de transparencia y oscurantismo que parapetan posibles irregularidades administrativas; pésima gestión en prevención de riesgos laborales, con usurpación de los órganos paritarios; falta de compromiso ante el Comité Covid-19; un presidente ausente, que no se reúne con los representantes laborales desde hace dos años, y un largo etcétera de episodios que, aunque menos generales, contribuye a un escenario de desgaste y desconfianza que ha ido elevando la temperatura social de una plantilla a la que cada vez se les exige más y se le ofrecen menos recursos para hacer su trabajo”.
El Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (del que ya no forma parte la consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que ha dejado abandonados a los ayuntamientos), está integrado por los siete municipios de la Bahía, y además por: Algar, Arcos, Barbate, Conil, Medina Sidonia, Paterna de Rivera, San José del Valle, Sanlúcar, Tarifa, Trebujena, Vejer y Benalup. A través del mismo, se abastece de agua potable a una población de entre 800.000 y 1,2 millones de personas. Su objetivo principal es la prestación del ciclo integral del agua de las poblaciones que participan en el mismo, con base en los principios de integración de la gestión, homogeneidad de la calidad del servicio y uniformidad de las tarifas en dicho ámbito territorial.
Para que el usuario tome conciencia de la importancia que tiene la guarda, custodia y mantenimiento del bien tan preciado del líquido elemento.
Sin una plantilla más que profesional de todo ello, sería una odisea poder mantener un abastecimiento que parezca tan sencillo mantener.
No sólo es abrir un grifo y que salga agua. Detrás de todo ello hay un equipo humano implicado que impide que falte una gota de agua en cada hogar, en cada industria, en cada sitio donde sea imprescindible la vida.