Terremoto en la Diputación de Cádiz para estrenar el mes de julio. La Guardia Civil se ha personado en la sede de la institución provincial para recabar documentación en el área que dirige uno de sus vicepresidentes y alcalde de El Puerto, Germán Beardo, en el marco de una investigación que, según distintas informaciones, estaría relacionada con un presunto caso de blanqueo de capitales alrededor de un empresario del ocio nocturno de dicha localidad.
La propia Diputación ha informado de la “colaboración” con la Benemérita con una escueta nota, en la que el portavoz del Gobierno provincial (de PP y La Línea 100×100), Juan José Ortiz, relata que miembros de la Guardia Civil procedentes de Sevilla se han personado primero en el Palacio Provincial y desde allí se han trasladado al cercano Edificio Roma “para solicitar información sobre algunos expedientes de contratos de patrocinio en el marco de una investigación en curso”.
Estos contratos de publicidad estarían relacionados con el Puro Latino Fest (que empezó celebrándose en El Puerto y ya cuenta con otras ediciones por otros puntos del país), y también se habría requerido documentación similar a la consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.
“En todo momento” el personal que desarrolla su trabajo en dicha sede de la Diputación, donde se ubica el Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico (liderada por Beardo) “ha prestado su máxima colaboración, facilitando el acceso a toda la información que han solicitado”, se subraya en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
En paralelo, durante la misma jornada agentes de la Comandancia de Sevilla también han llevado a cabo registros en El Puerto de Santa María en negocios de Pascual Llopis, un conocido empresario de la noche, que también es uno de los socios del festival Puro Latino.
BEARDO: “ES UNA OPERACIÓN EN LA QUE NADA TENGO QUE VER”
El mismo Germán Beardo ha tratado de precisar lo ocurrido a través de sus redes sociales, aseverando que “no ha habido ningún registro en mi despacho del área de Planificación Estratégica”.
“Personados los agentes de la Guardia Civil, han solicitado cinco expedientes de contratos públicos de patrocinio relacionados con el empresario sobre conciertos en diversas localidades la provincia de los cuales era promotor. Así como se han personado en otras administraciones con las que los empresarios han tenido contratos públicos”, aclara este político del PP.
Además, subraya que sin ser requerido se ha personado en el Edificio Roma “para apoyar las actuaciones y apoyar al personal técnico (que ha facilitado toda la información requerida en máxima colaboración), abandonando el área porque no era necesaria mi presencia”.
“Lamento profundamente el uso político y torticero de una operación de investigación sobre la que no existe información oficial de un empresario local en la que nada tengo que ver”, termina exponiendo el alcalde portuense.
PSOE E IU EXIGEN “TRANSPARENCIA”
Con todo, las reacciones políticas no han tardado en llegar, básicamente centradas en querer saber qué está pasando, mientras el PP y el Ayuntamiento portuense callan oficialmente.
Desde el PSOE, su portavoz en la Diputación, Javier Pizarro, ha pedido ya a la presidenta Almudena Martínez “máxima transparencia” ante estos registros de la Guardia Civil. Y al mismo tiempo no ha querido dejar pasar la oportunidad de interpelar a sus socios del partido linense: “como parte activa de este gobierno, tendrán también que decirnos si sabían algo, y si comparten lo que ocurre en el edificio Roma”.
A su vez, el secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha recalcado que los socialistas están “expectantes y con incredulidad ante la información, todavía escasa, que nos llega de esta actuación”. Pero no deja de apuntar que “es la segunda Diputación de Moreno Bonilla (la primera fue hace meses la de Almería), que se ve afectada por una investigación que algunos medios de comunicación ya sitúan en el delito de blanqueo de capitales”.
Ante este escenario judicial, Ruiz Boix lamenta la “evidente doble moral” de la derecha exigiendo explicaciones tanto al líder provincial del PP, Bruno García, como al presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla.
“Pedimos la mayor transparencia y pedimos que el PP, que habitualmente actúa como Torquemada y que siempre exige dimisiones a los gobiernos socialistas, reflexione. Es el tiempo de que apliquen esa regla general y que, además de contarnos qué está ocurriendo, asuman responsabilidades ante esta actuación por un posible blanqueo de capitales”, apostilla, contundente.
De la misma manera, el diputado provincial de Izquierda Unida, Ramón Galán, entiende que “ante unos hechos de esta gravedad, la presidenta de Diputación y el PP están obligados a dar explicaciones; la ciudadanía tiene derecho a saber qué está ocurriendo en esta institución, que debe ser un ejemplo de transparencia y buen gobierno”.
Mientras, el coordinador provincial de IU, Jorge Rodríguez, añade que “no es admisible que, ante una operación de esta relevancia, el silencio sea la respuesta que tenemos hasta el momento”. Y apelando al principio de presunción de inocencia, declara que “una cosa es la responsabilidad judicial y otra la responsabilidad política, y quienes ostentan responsabilidades públicas tienen el deber de dar explicaciones cuando una investigación de esta naturaleza afecta directamente a la institución que representa”.
Por ello, tras esta presencia de la Guardia Civil buscando papeles, este partido exige al vicepresidente cuarto y alcalde Germán Beardo, a la presidenta de la Diputación y al PP “que comparezcan y expliquen a la ciudadanía qué información tienen sobre los hechos, qué medidas se van a adoptar para garantizar la transparencia y cómo van a proteger el prestigio de esta institución provincial”.
“Desde IU seguiremos vigilantes, defendiendo la transparencia, la honestidad en la gestión pública y la necesidad de que nadie esté por encima de la rendición de las cuentas a la ciudadanía”, sentencia Jorge Rodríguez.
