El servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cádiz va a iniciar la revisión de oficio de “todas” las condecoraciones concedidas por la institución provincial, para que se anulen las que disfrutan personas que “incumplan la Ley de Memoria Histórica” o cuya conducta “no sea adecuada” con los valores democráticos, según ha avanzado la presidenta Irene García.
Este anuncio se ha producido durante el pleno ordinario de septiembre, en respuesta a una pregunta del diputado de IU, Antonio Alba, referente a la posibilidad de retirarle el título de medalla de la provincia concedida en 2013 al torero jerezano Juan José Padilla y su participación en la campaña publicitaria ‘Soy de Cádiz’, tras portar una bandera franquista hace unos días en una corrida celebrada en Villacarrillo (Jaén).
“El caso de Padilla será revisado como el de todos los que cuentan con alguna concesión honorífica, mención u homenaje de la Diputación”, se subraya en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
La socialista Irene García, que ha mostrado en el pleno su rechazo a esta actuación concreta del matador de toros, ha explicado que se trata de “ser más ambiciosos” y no limitarse a estudiar una actuación individual de un premiado concreto, sino de revisar cualquier condecoración que no se ajuste a la normativa actual en materia de Memoria Histórica, como podría ser la concesión al dictador Francisco Franco de la Placa de Oro de la Provincia en 1948.
Por su lado, IU considera evidente que “quienes hacen apología del franquismo en una provincia que tiene más de 60 fosas comunes repartidas por su territorio y personas fusiladas que yacen en cunetas de nuestras carreteras, no deberían seguir gozando de un prestigio y un reconocimiento público ni ser considerado ejemplo o un referente de la imagen de Cádiz”.
De este modo, el servicio de Memoria Histórica emitirá un informe que incluya los casos en que pueda existir una conculcación de estos valores democráticos que se elevará a una Junta Extraordinaria de Portavoces. En este órgano se estudiarán y abrirán expedientes de revocación de títulos “para que no haya personas condecoradas que manchen la imagen de la provincia”, ha repetido García.
La presidenta ha recordado que la competencia para adoptar la decisión no corresponde a la presidencia sino al pleno, que tendrá que tomar la última palabra.
