La Junta de Andalucía avanzaba durante el fin de semana que contrataría temporalmente a hasta 3.000 parados para ejercer unas singulares funciones de “auxiliares de control de playas” en las costas de la comunidad autónoma durante este verano post-coronavirus. Ahora se sabe que de este total, 686 trabajarán en la provincia gaditana. La distribución por cada localidad todavía se desconoce.
La delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, ha dado detalles en una rueda de prensa virtual de este llamado plan de empleo para playas seguras 2020, cuya selección del personal se iniciará esta misma semana a través de la Bolsa Única Común creada por la administración autonómica hace unos meses.
De este modo, se llamará a los inscritos en la categoría de personal de servicios generales, y el salario que percibirán rondará los 1.900 euros netos mensuales incluyendo todos los conceptos salariales, entre el 15 de junio al 15 de septiembre con posibilidad de prórroga si fuera necesario. Para su puesta en marcha, desde la Junta se deberá firmar un convenio con los ayuntamientos costeros “que requieran” de este personal de apoyo. El sector de la seguridad privada no ha tardado en cuestionar este plan de la Junta, por no recurrir directamente a sus profesionales.
Estos auxiliares, se detalla en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, realizarán labores de información del control de acceso y aforo de las playas, velarán por el cumplimiento de las medidas contenidas en el plan de contingencia de debe elaborar cada ayuntamiento este año para sus playas (las que ya han ‘abierto’ en Cádiz desde la fase 2 de la desescalada lo han hecho sin tener listo dicho plan) e informarán a los bañistas de los avisos y comunicados que se realicen por los órganos competentes en materia de emergencias y protección civil.
También pondrán en conocimiento de la Policía Local las incidencias o actuaciones realizadas durante la jornada laboral; ejecutarán tareas auxiliares de ayuda o socorro, bajo la dirección de la Policía Local o de Protección Civil; recepcionarán y orientarán a los visitantes; controlarán el tránsito de personas usuarias por las vías colindantes; registrarán y comunicarán incidencias; y, por último, realizarán aquellas otras funciones de auxilio que se les encomienden.
Los requisitos que deben cumplir los inscritos en la categoría de personal de servicios generales son estar en posesión del nivel de formación equivalente a Educación Primaria, certificado de escolaridad o acreditación de los años cursados y de las calificaciones obtenidas en la ESO. En el caso de no contar con la formación académica requerida, se entenderá que se está en posesión de formación laboral equivalente cuando se hubiese demostrado experiencia profesional específica en la categoría profesional concreta de al menos tres meses, o superado curso de formación profesional directamente relacionado con dicha categoría, impartido por centro oficial reconocido para dicho cometido, con una duración efectiva de al menos 50 horas.
Antes de incorporarse al puesto, estos parados recibirán formación específica en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA). Estos trabajadores en la provincia dependerán de la delegación de Gobierno de la Junta en Cádiz, donde existirá la figura de dos coordinadores para gestionar sus turnos de trabajo, incidencias, organización, en colaboración con el ayuntamiento correspondiente.
El actual gobierno andaluz de derechas entiende que esta medida “de fomento del empleo”, en la que prevé destinar hasta 24 millones de euros y que supone también un apoyo al sector turístico “y una defensa de su buena imagen y reputación”, se suma al plan económico diseñado por las consejerías de la Presidencia y de Turismo para la seguridad y limpieza en las playas, dotado con 10,5 millones para todo el litoral de la comunidad. Cantidad que alcaldes socialistas como los de Chiclana o Rota ya han tachado de insuficiente, debido a los gastos extra que van a tener que soportar para habilitar las playas y las diferentes medidas sanitarias en tiempos de pandemia.
“LA JUNTA SE SALTA A LOS SINDICATOS”
Ante este anuncio, CSIF ya ha denunciado que la Junta “se está saltando la negociación con los representantes legítimos de los trabajadores”. Así, el responsable del sector de Administración autonómica de CSIF Cádiz, Manuel Méndez, ha reclamado al Gobierno andaluz que convoque el órgano de negociación correspondiente, en función de las atribuciones y características que vaya a tener este personal, para acordar el proceso de selección del mismo.
Este sindicato, a nivel autonómico, ha remitido un escrito a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública de la Junta en el que expresa sus dudas en relación a la información hecha pública y recuerda que la Bolsa Única, a la que se ha aludido para llevar a cabo este proceso, “es un instrumento que aún no está operativo”, por lo que entiende que el mencionado proceso “no podrá articularse a través de dicha bolsa”. Además, hay dudas también sobre la categoría en la que se englobarían dichos auxiliares de control de playas.
CSIF Andalucía considera que ha habido una “evidente falta de negociación” en relación con este asunto y pide que se convoque el órgano correspondiente en el que se pueda tratar esta cuestión, contando con la opinión de los representantes de los trabajadores en el ámbito de esta administración.
