Las empresas de la provincia de Cádiz afirman seguir manteniendo “importantes caídas de ingresos” transcurridos dos meses desde el inicio del vigente estado de alarma ante la crisis sanitaria del coronavirus, según se desprende de la segunda oleada del sondeo realizado por la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz (CEC).
En este nuevo estudio interno, realizado entre el 24 de abril y el 17 de mayo, han participado 452 empresas. El primer sondeo se realizó entre el 31 de marzo y 8 de abril, durante la fase del confinamiento con más restricciones a la movilidad -permiso retribuido recuperable-; en el segundo las empresas han respondido a las mismas cuestiones, pero tras iniciarse la llamada desescalada, que va permitiendo poco a poco reabrir actividades consideradas no esenciales.
El análisis comparativo de ambas muestras aporta una visión global de las preocupaciones y las inquietudes del empresariado gaditano, basado en su situación y la repercusión en sus negocios, según afirman desde la CEC en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
El primer indicador se refiere al estado de actividad. Un 34% de las empresas siguen inactivas, frente al 52% de la primera oleada. No obstante, a medida que los cambios de fase del estado de alarma han permitido abrir empresas, no solo han mantenido fórmulas de teletrabajo, sino que se han incrementado en un 6% respecto a la primera oleada. La apertura de empresas y el teletrabajo se mantienen como opciones complementarias.
Respecto a los problemas con los que se enfrentan las 297 empresas encuestadas que mantienen su actividad, la falta de trabajo sigue siendo el mayoritario, en el 53% de los casos. La falta de equipos de protección individual (EPI) aún seguía siendo un problema para el 23% de las empresas activas a finales de abril y principios de mayo, mientras que la falta de suministro afectaba al 21%. Además, el absentismo ha sido un problema para el 3% de ellas. Estos indicadores apenas han tenido modificaciones porcentuales entre uno y otro período.
El factor ingresos se mantiene en ratios muy elevados de reducción respecto a la situación anterior a la pandemia. La mayor parte de las empresas de la provincia encuestadas, el 43%, refleja pérdidas entre el 80 y el 100%. Si se suman a éstas las que tienen pérdidas de entre el 60 y el 80%, ambos tramos suman el 62% de las respuestas. Casi dos de cada tres empresas están sufriendo una reducción de al menos el 60% en sus ingresos. El promedio de estimación de pérdidas oscila entre el 60% y el 65%. En el primer sondeo –en el periodo más duro del confinamiento-, el promedio era del 75%.
Respecto a los autónomos consultados, se incrementan en un 11% las solicitudes por cese de actividad, convirtiéndose en esta oleada en un factor que afecta al 44% de estos pequeños empresarios.
En el capítulo de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), 416 empresas han contestado a la pregunta planteada. De ellas, el 58% ha presentado expedientes temporales, frente al 38% que no ha optado por esta herramienta, mientras un 4% planteaba hacerlo próximamente. Estos indicadores reflejan un incremento de un 4% de ERTE solicitados respecto a la primera toma de muestras.
Las tipologías de estos ERTE no varían sustancialmente: el 73% de las empresas gaditanas se acoge al motivo de fuerza mayor, tanto con cierre total como con servicios mínimos: supone el 90% de los ERTE solicitados.
Por último, la financiación sigue siendo un factor esencial para la supervivencia de las empresas, como se recoge en la segunda oleada de la encuesta: el 38% de las empresas ha solicitado préstamos y un 19% declara que lo hará próximamente.
“UN GRAN OBJETIVO COMÚN”
Al hilo de este sondeo, el presidente de la CEC, Javier Sánchez Rojas, ha reiterado la importancia de trabajar “desde la unidad y el consenso para poder afrontar la complicada situación a la que se enfrenta nuestra sociedad”.
“Cuantificar los daños es la base para proponer medidas de reactivación de las empresas en el corto, medio y largo plazo, armonizándolas desde todos los ámbitos de las administraciones, instituciones, partidos políticos y agentes sociales”, interpreta.
Las medidas fiscales, financieras y regulatorias en materia laboral “deben poner el foco en la reactivación económica, en paliar los daños económicos y sociales de la pandemia”, sostiene Sánchez Rojas, reiterando la puesta a disposición de su organización empresarial “a este gran objetivo común que tenemos como provincia”.
