Los datos del último informe del Defensor del Pueblo con respecto al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura destacan a Cádiz como una de las provincias en las que más detenciones de migrantes por motivo de la Ley de Extranjería se produjeron. Concretamente, con 2.245 personas, sólo la superan Madrid y Barcelona. La Apdha pide al Gobierno del PP que ante la situación de crisis, más grave entre estas personas, “la respuesta no puede ser policial, sino que debería consistir en flexibilizar los criterios de las renovaciones, evitar la irregularidad sobrevenida y favorecer la integración”.
El último informe del Defensor del Pueblo con respecto al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura destaca a Cádiz como una de las provincias en las que más detenciones de migrantes por motivo de la Ley de Extranjería se produjeron, tal y como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha venido señalando en los últimos años.
Concretamente, con 2.245 personas, la gaditana es la tercera provincia española y la primera de Andalucía por número de detenciones con ingreso en calabozo en aplicación de la Ley de Extranjería, sólo por detrás de Madrid y Barcelona. Este hecho constituye para esta asociación “una realidad preocupante” habida cuenta de que los porcentajes de población en la provincia de Cádiz son muy inferiores a los de la mayoría de provincias españolas.
Es cierto que en estos datos puede tener una especial influencia el número de personas detenidas que han atravesado el Estrecho durante el año 2013, arriesgando en ello la vida, evidencia la Apdha: “nuestra provincia es frontera sur directa y, por tanto, es escenario del sufrimiento, vejaciones y vulneraciones que sufren aquellos africanos que desean entrar en Europa y que sólo encuentran la vía de las vallas o de arriesgar la vida en el mar”.
No obstante, desagregados estos datos, Cádiz sigue siendo una de las provincias en las que más detenciones se produjeron, tanto de forma absoluta como en relación a la población extranjera residente. Por poner sólo un ejemplo, en Zaragoza, donde residen más del doble de extranjeros que en la provincia gaditana, se produjeron la mitad de detenciones una vez eliminado el efecto de la llegada a través del Estrecho. Pero sin salir de Andalucía, el número de detenidos en Cádiz (desagregados los datos de inmigrantes detenidos en patera) supera en más de un 30% a Almería o Granada, que cuadriplican y doblan respectivamente en número de inmigrantes residentes con respecto a Cádiz. “Esto da certeza de la persecución policial que sufren los extranjeros que viven aquí”, interpreta este colectivo en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
“MUROS DE LA VERGÜENZA”
El informe del Defensor del Pueblo de 2013 también destaca la situación de los Centro de Internamiento de Extranjeros, los CIEs, haciendo un profundo análisis de las personas que pasaron el último año “por esos muros de la vergüenza”.
En este sentido, se subraya la “desgracia” de que Cádiz acoge dos de estos centros (uno satélite del otro, el de Punta Paloma en Tarifa) “cuya desaparición exigimos un número cada vez mayor de organizaciones”. De nuevo destaca el CIE de Algeciras en el informe, con 2.484 internados en 2013, muy cerca de Madrid, con 2.694 internados y bastante por encima del siguiente CIE, el de Barcelona con 1.584.
Este documento también señala que la inmensa mayoría de los internados en el CIE de Algeciras-Tarifa son hombres (sólo 160 mujeres durante el año 2013, frente a 2.324 hombres). Por nacionalidades son los procedentes de Marruecos los que encabezan la lista, con 778 internados, pero también hay un importante contingente de Malí (294), Chad (249) y Camerún (225).
‘IRREGULARIDAD SOBREVENIDA’
“Pero es que, además –añaden desde la Apdha-, nos encontramos con la realidad de que aquellos que han llegado, los que residen con nosotros y que, por diversas razones, especialmente por motivo de la crisis, han perdido su autorización de residencia, lo que se ha venido en llamar ‘irregularidad sobrevenida’, padecen una persecución policial de intensidad muy superior a la de la mayoría de las restantes provincias españolas”.
Para esta asociación humanitaria es “otra muestra” de la forma de actuar del subdelegado del Gobierno de Cádiz, Javier de Torre, que, a su entender, “utiliza la represión de forma ampliamente indiscriminada sobre los colectivos más vulnerables, sea en forma de multas a los colectivos que ejercemos nuestro derecho a protestar, sea con la persecución policial a los inmigrantes”. La Apdha ha denunciado en numerosas ocasiones esta persecución policial a inmigrantes “que observamos en muchas localidades, por ejemplo en las calles de El Puerto o en la estación de Jerez”.
De este modo, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía exige de nuevo que este Gobierno central del PP y especialmente la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, “abandone su política de criminalización de la inmigración y sea consciente de la realidad de crisis, paro, desempleo y pobreza en la que vive una buena parte de la sociedad gaditana y que padece especialmente la población inmigrante”. Ante esta situación “la respuesta no puede ser policial como está siendo en la provincia, sino que debería consistir en flexibilizar los criterios de las renovaciones, evitar la irregularidad sobrevenida y favorecer la integración”.
