Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, que se recuerda el 21 de marzo, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía de Andalucía (Apdha) ha presentado en Cádiz su informe ‘Derechos Humanos en la Frontera Sur 2021’, en el que denuncia que 1.717 personas han perdido la vida intentado llegar a las costas españolas durante el pasado año (45 en la ruta del Estrecho), “la cifra más alta desde que existen registros”; según el seguimiento que anualmente realiza la propia organización, que acusa de “políticas migratorias criminales” tanto a la Unión Europea como el Gobierno de España. Aunque “tan sólo se han rescatado 637 cadáveres”.
Este mismo estudio (AQUÍ completo) calcula en un 29% el incremento de las personas inmigrantes que el pasado 2020, en comparación con 2019, lograron acceder a “territorio seguro a través de nuestra frontera”: 41.861 personas (32.513 se registraron hace un año, y 64.298 en 2018). De este total, unas 10.200 han llegado a las costas andaluzas (la mitad que en 2019, y 42.000 menos que en 2018); el 81% de estas personas son de origen magrebí.
Por ello, la Apdha pone de relieve una vez más la volatilidad de los planes diseñados por el Gobierno central (ahora de PSOE y Unidas Podemos) para conseguir reducir la llegada de personas migrantes, “con consecuencias tremendas en cuanto al coste de vidas humanas”. Y en general, pone en cuestión las políticas migratorias desarrolladas por el Estado español y la UE “cuyo único norte es el control y rechazo de migrantes en la frontera sur”.
Esta organización incide en que las migraciones “son consustanciales a la historia de la humanidad” y actualmente “hunden sus raíces en las grandes fracturas que atraviesan el planeta”. “Fracturas entre el Norte y el Sur global, fracturas provocadas por las emergencias climáticas, las guerras interminables, la esquilmación de los recursos naturales por los países del Norte global, y este año, la fractura de la pandemia del Covid-19”.
“INGENTES RECURSOS PARA FRENAR QUE LLEGUEN O EXPULSARLOS”
“Tratar de contenerlas a base de represión, militarización y criminalización, como intenta reiteradamente la UE y este Gobierno es un objetivo condenado al fracaso”, entienden desde la Apdha en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
Y es que todos los recursos destinados a las políticas migratorias se enfocan exclusivamente en evitar que lleguen o en expulsar a las personas que jugándose la vida, intentan llegar a Europa por la frontera sur, “a pesar de que curiosamente significan tan sólo el 4,3% del total de las personas que entran en España”.
Estos “ingentes recursos” van desde la implantación del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), cuyo coste supera ampliamente los 300 millones de euros, hasta los CIE (Centros de Internamiento para Extranjeros), los centros de detención llamados CATE (Centros de Atención Temporal de Extranjeros) y repartidos por toda Andalucía, los CETI (Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes) en Ceuta y Melilla o las vallas en ambas ciudades que, en palabras de esta entidad, constituyen el “verdadero pozo sin fondo de los recursos del Estado”.
A ello se une despliegue de patrulleras o de Frontex (la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) y “la compra millonaria mediante cooperación indecentemente condicionada de países terceros (Marruecos, Mauritania, Malí, Sudán, Chad, Guinea Conakri, Gambia, Costa de Marfil o Senegal…) para que ejerzan de países tapón y gendarmes de las fronteras de la Unión Europea”. Todo ello “a costa de incontables violaciones de derechos humanos en las que el Gobierno de España resulta ser cómplice”.
“EFECTO HUIDA” TRAS EL ESTALLIDO DE LA PANDEMIA
El estudio anual de la Apdha analiza que si en un primer momento la pandemia del coronavirus ralentizó los flujos migratorios, finalmente ha espoleado el efecto huida de miles de jóvenes del Sahel, Sáhara, Marruecos o Argelia.
Se está comprobando cómo trabajadores del sector turístico, pescadores y trabajadores precarios con las medidas anti-Covid se han quedado sin ningún recurso y optan por intentar cruzar el Atlántico para migrar, o facilitar el tránsito migrante con sus embarcaciones.
Por ejemplo, el incremento de llegadas a Canarias en 2020, con respecto al año anterior, “ha sido de un 756%” (más de 23.000 inmigrantes, frente a los 2.786 registrados en 2019), y la respuesta del Gobierno “ha sido de manual represivo y antihumanitario: miles de personas encerradas en condiciones inhumanas, con falta absoluta de garantías de respeto de los derechos humanos. Miles de personas durmiendo al aire libre y a ras del suelo en los puertos, insuficiente asistencia legal, madres separadas de sus hijos, cuarentenas eternas, condiciones insalubres, hacinamiento…” evidencian “la absoluta falta de recursos destinados a la acogida por parte de este Gobierno, como en 2018 en las costas de Cádiz”.
EL PSOE, IGUAL QUE EL PP
En este sentido, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía cuestiona que el Ejecutivo liderado por el socialista Pedro Sánchez “ha decidido abandonar cualquier proyecto de vías legales y seguras, que se encontraba en el acuerdo de la coalición, y ha optado por la represión, la violación de los derechos humanos y la criminalización de las personas migrantes, como han hecho anteriores gobiernos del PP”.
Finalmente, la Apdha plantea que, para abordar “democrática y humanamente” los desplazamientos de personas en este mundo global, “son imprescindibles políticas dignas de acogida y establecer vías legales y seguras, como único camino para evitar que miles de personas pierdan la vida para encontrar un futuro con dignidad”.
Además, considera de vital importancia seguir denunciando las violaciones de los derechos humanos a las que se somete a las personas que intentan migrar, desde el origen, el trayecto y la llegada a las puertas de Europa.
Pensando ya en este 2021, la asociación ha lanzado un crowdfunding (AQUÍ) para financiar este mismo informe del nuevo ejercicio, un trabajo lleva realizando 20 años y que incluye el análisis de los flujos, de las políticas migratorias y entre otros muchos aspectos, un trabajo de recuento del número de personas que mueren o desaparecen en su intento de aspirar a una vida mejor.
