Los chiringuitos de Puerto Sherry, en El Puerto de Santa María, “existen fuera de todo límite legal”. Es la denuncia que hacen desde Adelante El Puerto, que dice haber investigado la situación de estos negocios y encontrarse con “decretos de cierre y licencias inexistentes”, pero han seguido operando todo el verano “con la complicidad expresa” de Germán Beardo, el alcalde, y de Teófila Martínez, presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC).
Ante el señalamiento a la APBC, esta clarifica a este periódico que el complejo náutico deportivo de Puerto Sherry se encuentra explotado por Marina del Puerto SA en concesión administrativa, y todo lo que le compete al respecto a la propia Autoridad Portuaria “cumple la legalidad vigente” (los usos solicitados por la empresa privada para permitir estos negocios están contemplados en la concesión).
Aclarado este punto, Adelante El Puerto explica en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz que se decidió investigar la legalidad de la situación de estos chiringuitos, aportando diferente documentación, “con la convicción de atacar toda práctica ilegal y perjudicial para la ciudad, sumado a las numerosas quejas de la ciudadanía”.
Por un lado, tras la petición de información “y dada la revelación de la inexistencia de licencias del establecimiento Phi-Phi, la concejalía de Urbanismo firmó un decreto de cierre del local en febrero de 2021, “un cierre que nunca se llevó acabo”. De hecho, el jefe de la Policía Local “ignoró convenientemente este decreto” y para más inri, “el alcalde del PP, que ya conocía la situación de ilegalidad, estuvo sacándose fotos en el local en mayo”, según el concejal y diputado provincial de Adelante, Alejandro Gutiérrez.
“Que Beardo sepa de la situación de ilegalidad y convenientemente haga la vista gorda a unos amigos es un auténtico despropósito y una falta de respeto a todos los empresarios legales de nuestra ciudad”, insiste, asegurando que los propietarios de ese chiringuito apoyaron al entonces alcaldable popular en campaña electoral.
Este chiringuito siguió abierto y funcionando sin licencia alguna “con total conocimiento por parte de las autoridades” desde febrero hasta el 30 de julio, “ya que a 14 de julio finalmente deciden intentar regular su situación, pero aún así lo hacen de forma fraudulenta pidiendo una licencia de local sin música, que es la que actualmente tienen”.
Para Adelante supone una “absoluta falta de vergüenza”, y es que “son numerosos los portuenses que no han podido disfrutar de la playa de La Puntilla o incluso dormir por el altísimo ruido que emiten estos locales y se ríen de nosotros usando una licencia de local sin música”.
“Pero no sólo está el Phi-Phi, a su lado de los mismos dueños está Playa Canalla, que actualmente sólo tiene la misma licencia de local sin música, y peor aún es la situación del local Margarita, que –según este edil portuense- a día de hoy no tienen ningún tipo de licencia”. Pero “incluso ha duplicado su espacio sin pedir una sola licencia para ello”, todo “con la connivencia de la concejala de Urbanismo, Danuxia Enciso, del Ayuntamiento y de Autoridad Portuaria, viéndose de nuevo a Beardo posar para fotos allí a pesar de saber lo que está pasando”.
“TIENE QUE VOLVER LA LEY A LA CIUDAD”
Adelante insiste en cuestionar la “actuación reprochable” de la APBC “que está especulando con suelo público privatizándolo para un uso totalmente indebido”; la “complicidad” del equipo de Gobierno de PP y Ciudadanos que “no actúa ante la ilegalidad”; y hasta la “posible prevaricación” del intendente de la Policía Local ante estos hechos.
“No estamos en contra de estas empresas, sólo pedimos que se cumpla la ley por igual para todos y que no funcione diferente según quién seas. Así sale ganando toda la ciudadanía portuense y fomentamos mucho más el emprendimiento”, reflexiona Alejandro Gutiérrez; insistiendo en que “la corrupción y la falta de cumplimiento de la ley siempre son perjudiciales para el emprendimiento y aquí se está dando una situación dónde depende de quién seas y cuáles sean tus relaciones con el Ayuntamiento puedes ignorar la ley, mientras que empresarios honrados esperan meses e incluso años para obtener una licencia antes de abrir. Esto tiene que acabar aquí y ahora, tiene que volver la ley a la ciudad”.
