Los polémicos chiringuitos de Puerto Sherry, en El Puerto de Santa María, deberán cesar su actividad a partir del 6 de julio; establecimientos marcados por las quejas, debido a su impacto en los pinares y espacios naturales cercanos, y los problemas de ruido, suciedad, botellón masivo e inseguridad que han venido soportando cada verano residentes y visitantes.
Y es que la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) ha denegado la prórroga solicitada conjuntamente por Marina Puerto de Santa María, entidad concesionaria de los terrenos, y los supuestos bares-quiosco desmontables afectados (Margarita, Blu, Playa Canalla y PhiPhi) para seguir operando, desestimando el recurso de reposición planteado.
Esta autorización, concedida en 2021 por un periodo de tres años y posteriormente prorrogada por otros tres, finaliza definitivamente este 5 de julio de 2026. En consecuencia, el Ayuntamiento portuense confirma en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz que no podrá extender la licencia de actividad.
Unas licencias que viene poniendo en cuestión desde hace tiempo entidades como Ecologistas en Acción, que incluso ha llegado a advertir al mismo alcalde, Germán Beardo, de un posible delito de prevaricación. Al respecto, le llegó a trasladar un escrito “demostrando con numerosos datos y elementos de juicio”, los “graves y reiterados” incumplimientos de estas tres discotecas fijas y ruidosas, nada de chiringuitos temporales.
“CADA ADMINISTRACIÓN GARANTIZARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN”
Tras conocer la resolución de la APBC, el Ayuntamiento ha comunicado formalmente la finalización de las autorizaciones y le ha requerido que ejerza las competencias que le corresponden sobre el dominio público portuario, adoptando las “medidas necesarias” para hacer efectivo el acuerdo aprobado por su Consejo de Administración el pasado 25 de junio.
Asimismo, ha notificado a los cuatro establecimientos que deberán cesar su actividad a partir de la medianoche del próximo 6 de julio, una vez expire la autorización concedida por la Autoridad Portuaria a Marina Puerto de Santa María. De este modo, tanto el Ayuntamiento como la Autoridad Portuaria “deberán actuar, cada uno dentro de sus respectivas competencias, para garantizar el cumplimiento de la resolución”.
La actuación municipal, se insiste, “responde al cumplimiento de la normativa vigente y a la obligación de adecuar las autorizaciones municipales a la situación administrativa del dominio público portuario sobre el que se desarrolla la actividad”.
Mientras, desde la APBC se aclara que su proceder responde exclusivamente a la aplicación de la normativa vigente y al ejercicio de las competencias que la ley le atribuye en la gestión del dominio público portuario, “optando por actuar por un principio de prudencia, que no obstaculiza que en el futuro se explote el área como hostelería”.
