El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de El Puerto, Ángel Quintana, ha celebrado una reunión en Madrid con representantes de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) para abordar un Real Decreto que entraba en vigor a finales de 2017 por el que se modifican las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Jerez; quedando afectada una importante extensión del municipio portuense, con las consecuencias que ello tiene para las inversiones urbanísticas en la ciudad.
Inicialmente, la nueva norma afecta a toda nueva edificación y en concreto al perímetro el casco histórico y al polígono Salinas de San José, así como a todo el espacio intermedio.
Quintana explica en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, tras esta reunión, que el resultado de la misma “ha sido satisfactorio, puesto que hemos alcanzado varios acuerdos con AESA de cara a suavizar los condicionantes impuestos por la normativa al objeto de beneficiar a la ciudad, en tanto en cuanto, se ha avanzado en las diferentes posibilidades para no alargar la tramitación de licencias”.
En este sentido, se ha cerrado la posibilidad de solicitar mediante oficio una autorización que englobe obras menores y de escasa entidad con una altura de entre cuatro y ocho metros, que por sus características no afecten de manera directa al espacio aéreo o la confirmación de agilizar los trámites en 40-45 días, solicitándose por parte del Ayuntamiento desde la entrada de la solicitud de licencia.
Y es que, como señala Urbanismo, el efecto más inmediato de estas nuevas determinaciones aeroportuarias es un importante retraso de los plazos en la tramitación de las licencias urbanísticas concedidas por el Ayuntamiento. Dado que, con este nuevo decreto, se debe solicitar un informe a AESA para obtener autorización por cada licencia solicitada; siendo el plazo máximo para la evacuación de dicho informe de entre tres y seis meses según el caso, “lo que generaría que no se podrían autorizar obras, instalaciones o plantaciones, sin previa resolución favorable del órgano competente”, actualmente la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
Por otro lado, en AESA han tomado conciencia de la problemática que generan estas nuevas condiciones sobre el municipio y las repercusiones que tendrán, “ya que afectan negativamente a posibles inversores que quieran fijarse en la ciudad”. Por eso, se han comprometido a agilizar en la medida de lo posible la revisión de la norma.
