El equipo del Área de Medio Ambiente y Urbanismo de la policía autonómica ha instruido diligencias por delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística y ha imputado a 63 personas por una serie de construcciones ilegales detectadas en El Puerto de Santa María. La actuación policial ha sido ordenada por el Juzgado de Instrucción número 2 de la localidad a raíz de denuncias de Ecologistas en Acción, dirigidas inicialmente contra el Ayuntamiento por su “laxitud y pasividad” ante estas irregularidades.
El equipo del Área de Medio Ambiente y Urbanismo de la Unidad de Policía adscrita a la comunidad autónoma en Cádiz ha instruido diligencias por delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística y ha imputado a un total de 63 personas por una serie de construcciones ilegales detectadas en El Puerto de Santa María.
Las investigaciones por este asunto se iniciaron a instancias de la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de la Fiscalía de Cádiz como consecuencia de una denuncia presentada por Ecologistas en Acción.
Esta denuncia es una recopilación de varias que fueron formuladas por la organización ecologista en la ciudad entre los años 2008 a 2012, todas relacionadas con construcciones que, presuntamente, vulneraban la legalidad urbanística por estar levantadas sobre suelo no urbano ni urbanizable sin que los responsables municipales con competencias en la materia actuaran disciplinariamente contra las mismas, según destacaban los denunciantes.
Esas denuncias de Ecologistas iban inicialmente dirigidas contra el Ayuntamiento por la “laxitud y pasividad del mismo”, al no utilizar los medios legales que existen a su alcance para impedir las construcciones, al no haber actuado con la diligencia debida al permitir la continuación de las obras, al no haber instado al restablecimiento de la realidad física alterada en los casos que procedieran y al no actuar disciplinariamente, con incumplimiento de la ley, lo que permitió la proliferación de las construcciones ilegales en la zona.
Las primeras investigaciones por esta cuestión provocaron la apertura de varias diligencias previas por parte del Juzgado de Instrucción número 2 de El Puerto, que fue el que encargó al Área de Urbanismo y Medio Ambiente de la policía autonómica las oportunas investigaciones y la instrucción del correspondiente atestado.
Fruto de esta actuación, los agentes identificaron a todos y cada uno de los propietarios de las construcciones ilegales, que fueron citados en sede policial, y se imputó a un total de 63 personas por dichas construcciones que habían sido realizadas sin ningún tipo de permiso o licencia. Las diligencias policiales ya han sido remitidas al juez.
Muchas de las parcelas en las que se habían realizado las construcciones habían sido transmitidas mediante documentos privados o entre familiares, por lo que fue necesario determinar quiénes eran los propietarios reales de las parcelas, ya que no constaban en ningún tipo de registro público, según anotan desde la Junta en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
Las zonas en las que se detectan las construcciones ilegales, muchas de ellas viviendas, son conocidas como Pago Buenavista, Laguna Chica y Pago Machete, todas ellas catalogadas como suelo no urbanizable de especial protección, ya que están incluidas dentro del denominado Corredor Verde. De hecho, el Plan de Ordenación del Territorio (POT) Bahía de Cádiz incluye por planificación territorial suelos de El Puerto de Santa María en la Red de Espacios Libres de la Bahía de Cádiz desde 2004.
