Los controvertidos chiringuitos de Puerto Sherry, en El Puerto de Santa María, vuelven a la actualidad por dos informaciones recientes. Por un lado, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) ha rechazado la continuidad de la actividad de estos negocios más allá del próximo 7 de julio por “carecer de amparo jurídico”; y por otro, la Fiscalía ha trasladado al Juzgado las presuntas irregularidades sobre las licencias municipales concedidas.
De hecho, Ecologistas en Acción ya lo advirtió meses atrás y alertó al mismo alcalde, Germán Beardo, de un posible delito de prevaricación si no actuaba contra estas “concesiones ilegales”. Incluso le trasladó un escrito “demostrando con numerosos datos y elementos de juicio”, los “graves y reiterados” incumplimientos de PhiPhi, Margarita y Blue, supuestos bares-quiosco desmontables y con música pregrabada. Obviamente, son mucho más que eso, acercándose a discotecas fijas y ruidosas.
A colación, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, Izquierda Unida ya reclama “responsabilidades políticas” al confirmarse que en Puerto Sherry “se ha permitido un modelo de negocio basado en la falta de control, la permisividad institucional y el incumplimiento de las normas mientras vecinos y vecinas sufrían las consecuencias”.
También este partido ha venido alertando reiteradamente sobre el impacto ambiental y social que genera “la actividad descontrolada en la zona”, especialmente en los pinares y espacios naturales cercanos, así como sobre los problemas de ruido, suciedad, botellón masivo e inseguridad que afectan cada verano a residentes y visitantes.
Además, pone en valor la movilización y la perseverancia de los vecinos, cuya presión y denuncias constantes “han sido fundamentales para que por fin se ponga pie en pared ante una situación que llevaba demasiado tiempo tolerándose con absoluta normalidad”.
“OTRO EJEMPLO MÁS DEL BEARDISMO”
El portavoz municipal izquierdista, José Luis Bueno, sostiene que “no se puede mirar hacia otro lado cuando existen denuncias vecinales continuadas, informes y ahora actuaciones judiciales en marcha”. En este sentido, critica la actitud del Ejecutivo de Beardo, al que acusa de “haber antepuesto los intereses de unos pocos empresarios al interés general y al cumplimiento de la legalidad. Otro ejemplo más del Beardismo que impera en nuestra ciudad, y su modelo de turismo de borrachera y macrofiesta”.
“Mientras se acumulaban las denuncias y las quejas vecinales durante años, la Autoridad Portuaria venía impulsando una modificación urbanística del suelo donde se ubican estos chiringuitos con el objetivo de intentar dar encaje administrativo a una actividad que actualmente no tendría cobertura legal”, añade Bueno; que resalta que esa información “parte de la denegación de una prórroga solicitada por Marina de Puerto Sherry sobre una autorización que, según la propia documentación, ya se encontraba caducada en 2025”.
Para IU es “especialmente grave” que durante años se haya normalizado una situación “que cualquier pequeño negocio o cualquier vecino no habría podido mantener ni una semana”. En este sentido, exige “transparencia” sobre todas las autorizaciones concedidas, las inspecciones realizadas y las posibles responsabilidades derivadas de esta situación.
“El Puerto no puede convertirse en un espacio donde las normas solo se aplican a quien no tiene contactos o poder económico. Tiene que volver la ley a El Puerto”, sentencia este concejal izquierdista, que espera que las administraciones implicadas “actúen con contundencia y garanticen que cualquier actividad futura en Puerto Sherry cumpla estrictamente con la legalidad urbanística, ambiental y administrativa”.
