La comisión de seguimiento que informará y canalizará el proceso previsto para la legalización de viviendas en las áreas de regularización (ARG) en el término municipal de El Puerto, acaba de constituirse. Según recoge el PGOU, alrededor de 5.000 casas ilegales deberán iniciar en un plazo máximo de ocho años los trámites para su normalización conforme a la ley. El concejal de Urbanismo emplaza a los vecinos implicados para que aprovechen esta “oportunidad” y sean “responsables”.
La comisión de seguimiento que informará y canalizará el proceso previsto para la legalización de viviendas en las áreas de regularización (ARG) en el término municipal de El Puerto, quedaba constituida en el Ayuntamiento recientemente. Según recoge el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), alrededor de 5.000 casas ilegales deberán iniciar en un plazo máximo de ocho años los trámites para su normalización conforme a la ley.
Esta mesa se reunirá con carácter trimestral y no es más que “una herramienta para asesorar tanto a la ciudadanía implicada como a la propia administración”, representada por los grupos políticos de la Corporación Municipal, el equipo de Gobierno y personal técnico del área de Urbanismo.
Fueron Ildefonso Benítez, del Servicio de Planeamiento, y Pedro García Retortillo, de la Asesoría Jurídica, quienes en la constitución de la comisión explicaban las diferentes fases del proceso y los márgenes legales del mismo.
Por su parte, el concejal de Urbanismo y Patrimonio, Antonio Fernández, ponía sobre la mesa “la oportunidad que supone esta herramienta para legalizar la situación de las viviendas que avala ya el PGOU”. En este sentido, ha insistido asegurando que “el tren ya está en marcha” y ha invitado a los vecinos beneficiados a no dejarlo pasar.
Según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, esta comisión de seguimiento está abierta a la participación de todas las partes implicadas en “un tema de ciudad” que inicialmente ha sido tratado por representantes de los consejos de distrito Periferia y Costa Oeste, Ecologistas en Acción, la Flave y los responsables del tripartito Antonio Fernández, Javier Botella, Carmen Ojeda y Antonio Chacón. También ha contado con la participación de la concejala de la oposición Silvia Gómez, de Ciudadanos.
En líneas generales, para comenzar el proceso es fundamental la iniciativa de los propios vecinos a constituirse en Junta de Compensación y una vez aprobada proceder a elaborar el Plan Especial de Reforma Interior (PERI). El tercer paso es la redacción del proyecto para la reparcelación y urbanización que desembocará finalmente en la legalización de las viviendas. En la actualidad ya han comenzado el proceso diez de las 47 ARG recogidas en el Plan General.
Antonio Fernández ha emplazado a los vecinos para que “aprovechen esta oportunidad de legalizar la situación de sus viviendas siendo responsables con la realidad urbanística de la ciudad”.
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