“Lejos de solucionar el problema habitacional en El Puerto de Santa María, el Ayuntamiento se convierte en un agente inmobiliario al servicio de los grandes tenedores”.
Es la valoración que hacen desde Adelante Andalucía del programa municipal de alquiler asequible anunciado días atrás por el alcalde Germán Beardo como “iniciativa estratégica” para que, en la teoría, a los propietarios les sea rentable poner en alquiler sus viviendas en el centro, y familias jóvenes con ingresos puedan vivir dignamente durante todo el año.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, este partido sin representación hoy en el Ayuntamiento considera que esta iniciativa no supone una bajada real de los precios del alquiler, ni la solución al problema de la vivienda, sino “un mecanismo por el cual la empresa pública Suvipuerto gestiona viviendas privadas, asume riesgos económicos y garantiza ingresos a los grandes propietarios con dinero público”.
“Estamos ante una operación en la que el Ayuntamiento actúa como gestor inmobiliario de viviendas privadas, cubriendo posibles impagos, desperfectos o conflictos, todo ello con fondos públicos. Es decir, se socializan los riesgos mientras se privatizan los beneficios”, denuncia Adelante El Puerto.
Asimismo, se critica que este programa planteado por el Gobierno local derechista no reduce de forma efectiva el coste del alquiler, sino que Suvipuerto “actúa como intermediario recaudador, abonando al propietario tanto la parte que paga el inquilino como la diferencia restante hasta completar el precio del alquiler, una transferencia directa de dinero público a bolsillos privados”.
A esta situación se suma la bonificación del IBI a los dueños de pisos que se adhieran al programa, lo que supone “una merma en los ingresos públicos que repercute directamente en la calidad de los servicios públicos que recibe la ciudadanía”.
“FINANCIANDO EL BENEFICIO PRIVADO A COSTA DEL ERARIO PÚBLICO”
Adelante afea que el Ejecutivo de Beardo no utiliza herramientas como la Ley estatal de Vivienda para intervenir el mercado, “pero sí utiliza el dinero de todos para sostener los beneficios de quienes llevan años especulando con el uso turístico de la vivienda”.
Y se insiste en que esta medida “no está pensada para pequeños propietarios, sino para grandes tenedores y fondos que concentran viviendas y han contribuido a tensionar el mercado, especialmente a través del alquiler turístico”.
Esta formación andalucista de izquierdas afirma que no se opone a medidas que reduzcan el precio del alquiler ni a facilitar el acceso a la vivienda, pero rechaza que estas políticas se financien “a costa del erario público para beneficio privado”. “Beardo actúa más como promotor inmobiliario que como alcalde para las mayorías sociales de El Puerto”, sentencia.
“HAY QUE INTERVENIR EL MERCADO”
Frente a este modelo, Adelante El Puerto propone una batería de medidas estructurales para garantizar el derecho a la vivienda en la ciudad.
Entre ellas están: establecer un tope al alquiler vinculado al 20% de la renta media del barrio; penalizar las viviendas vacías en manos de grandes propietarios; expropiar solares en desuso en el centro histórico, rehabilitarlos y destinarlos a alquiler social bajo gestión pública; y retirar licencias de viviendas turísticas para frenar la expulsión de vecinos.
“Claro que hay que bajar los alquileres y recuperar viviendas para uso residencial, pero no regalando dinero público a los rentistas. Hay que intervenir el mercado y poner la vivienda al servicio de la gente, no del negocio”, asevera esta formación extramunicipal.
