El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María es el único de la Bahía de Cádiz, y de los contados de toda la provincia, que no se ha acogido al último plan de empleo lanzado por la Junta de Andalucía, ahora llamado Andalucía Activa, un programa (que exige cofinanciación) para la contratación temporal de parados menores de 35 y mayores de 45 años de edad.
En concreto, la Junta va a librar 12,3 millones de euros en estas ayudas que permitirán 1.173 contratos temporales en la provincia; y en el caso de ayuntamientos de la Bahía (salvo el portuense), 323 contratos de hasta seis meses a partir de 3,4 millones de subvención (fondos que cada consistorio debe complementar).
En el último pleno municipal, a preguntas del PSOE, el portavoz del Gobierno local, Javier Bello, confirmaba este punto, que una vez más el Consistorio pasaba de acogerse a estos planes de empleo de la administración andaluza (pese a estar gobernada también por el PP).
En este sentido, el portavoz municipal socialista, Ángel González, ha afeado la “pésima gestión” en materia de empleo de Germán Beardo: “ni de manera directa como Ayuntamiento, ni a través de otras administraciones como la Junta, ha sido capaz de implementar medidas dirigidas al fomento de la contratación y la reducción del paro en nuestra ciudad”.
“POR CULPA DEL PSOE, NECESITAMOS UN MILLÓN PARA INDEMNIZAR A TRABAJADORES”
Y no ha tardado en responder el propio Bello a través de una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, culpando, como no, al último gobierno portuense liderado por el PSOE.
La derecha argumenta que desde que está al frente del Ayuntamiento de El Puerto ha decidido no adherirse a planes de empleo financiados con aportaciones externas, “ya que estos requieren cofinanciarse con fondos municipales”; un requisito impuesto por el propio PP desde que Moreno Bonilla es presidente andaluz (con el anterior gobierno del PSOE no se exigía cofinanciación para beneficiarse de estos programas).
“Es evidente que la situación nos impide asumir nuevos compromisos financieros, pues los recursos necesarios para la cofinanciación se están utilizando para cubrir la deuda generada por la gestión anterior”, sostiene el portavoz del Ejecutivo derechista.
Al respecto, se queja de que el Consistorio deber afrontar 77 sentencias judiciales, por más de un millón de euros, “derivadas de la gestión en políticas de empleo llevada a cabo por el anterior gobierno socialista”. Unas resoluciones judiciales que “continúan afectando de manera directa las arcas municipales, comprometiendo el desarrollo de la ciudad”.
Así, durante la Alcaldía del socialista David de la Encina, entre 2015 y 2019, el Ayuntamiento participó de planes de planes que permitieron la contratación temporal de hasta 175 desempleados. Sin embargo, como ocurrió en otras administraciones locales, “estas contrataciones se realizaron sin respetar el convenio colectivo, lo que llevó a 94 denuncias, de las cuales 77 ya cuentan con sentencia favorable a los empleados afectados”.
“Es importante recordar que, cuando se gobierna, los intereses de la ciudad deben estar por encima de cualquier sigla política”, llega a afirmar Bello, mientras acusa de esta situación a los concejales socialistas, ahora en la oposición.
