El concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Chiclana, Francisco José Salado, ha respondido a las acusaciones de “presunto delito de malversación de fondos públicos y otro de tráfico de influencias” vertidas por el PP, por entregar vales de comida de manera discrecional. El edil socialista defiende que en el poco tiempo que lleva en el cargo ha escuchado a 60 familias con problemas, “las he entendido e intentado darles la solución que venían buscando. Y digo intentado porque tengo unos límites”. La derecha replica que “la emergencia social no la tiene que establecer un político, sino los profesionales”.
El concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Chiclana, Francisco José Salado, ha respondido a las acusaciones vertidas por la edil del PP Ana María Bertón.
En este sentido, hace unos días la derecha presentaba en el registro municipal un escrito para esclarecer una denuncia de varios usuarios de Servicios Sociales, “quienes alertan de la supuesta entrega de vales de alimentos de manera discrecional, pues no se están respetando los controles establecidos”. Tales hechos, para Bertón, podrían suponer “un presunto delito de malversación de fondos públicos y otro de tráfico de influencias”.
Salado, en su réplica, ha empezado explicando las “nefastas” condiciones en la que se ha encontrado la delegación, ya que “el anterior equipo de Gobierno no atendía a las familias, no hay personal para poder atender a toda la gente que lo necesita, una delegación en la que se da cita ahora para los meses de agosto o septiembre y con un presupuesto casi agotado”.
Desde que tomara posesión del cargo, asegura haber tenido la oportunidad de atender ya a más de 60 familias con diferentes problemas. “Llevo 20 años como voluntario de Cáritas y 23 años como coordinador de la campaña Ningún Niño sin Juguete y no me puedo quedo quedar de brazos cruzados. Me veo en la necesidad moral de atenderlas. Eran personas con problemas urgentes o de emergencia social. He escuchado a las 60 familias, las he entendido e intentado darles la solución que venían buscando. Y digo intentado porque tengo unos límites”, ha explicado.
Además, este edil socialista remarca en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz que no ha llegado a esta delegación “para repartir vales de alimentos, porque esto es lo más fácil que hay. Lo más difícil es escuchar a las personas e intentar darles solución a sus problemas”. Salado ha tenido que hacer frente a personas con problemas de luz, agua, vivienda y alimentación. “Todas estas familias tienen su correspondiente expediente de los técnicos municipales y las ayudas y derivaciones a otros recursos que yo he hecho. Tengo una cosa clara y siempre la he tenido, que estoy al frente de esta delegación para trabajar por y para las personas y no para hacer caridad ni para comprar votos. Es por eso por lo que yo, si fuese ella, sentiría vergüenza de cómo me ha dejado la delegación”, insiste.
Salado ha vuelto a hacer hincapié en que su labor en este equipo de Gobierno no es otra que la de “ayudar a las personas y por eso le ruego a la señora Bertón, que antes de hablar de delito o de malversación de fondos, piense muy bien lo que va a decir. Llevamos sólo 15 días, ya hablan de malversación y de delito, y yo no he tenido tiempo aún ni de asentarme en el cargo ni de coger bien las riendas de la delegación”.
Añade que el nuevo Gobierno liderado por José María Román “no compra votos”, y ha recordado que “aquellos que han cedido dos locales a Cáritas en plena campaña electoral o aquellos que hicieron el reconocimiento al padre Sixto o han agotado todos los presupuestos no hemos sido nosotros. ¿Quién compra votos, señora Bertón?”. También le ha preguntado a la representante popular que “¿qué es delito? Porque no yo estoy aquí para ponerme bien puesto delante de la gente, estoy para dar la cara y comprometerme con la gente y con sus problemas”.
Además, ha dejado caer tendrá que buscar los 12.000 euros que el anterior equipo de Gobierno de Ernesto Marín prometió a un niño con problemas: “los 12.000 euros que le prometió a Cristian tenemos que buscarlos, porque ni se han abonado ni estaba presupuestado”.
“UNA VEZ RECIBAMOS LA INFORMACIÓN, DECIDIREMOS LAS ACCIONES PERTINENTES”
El PP local, a lo suyo, insiste en que el Gobierno municipal “ha reconocido abiertamente el uso de fondos públicos de manera discrecional en la concesión de vales de alimentos sin los pertinentes controles técnicos de las trabajadoras sociales”.
Al respecto, la concejala Ana María Bertón dice no estar en contra de la ayuda a las personas que lo necesiten, “y así lo hemos demostrado triplicando la partida de ayudas económicas durante nuestro mandato, pero con el rigor y los controles que requiere el uso del dinero de todos los chiclaneros”.
No obstante, sí ha ratificado “la oposición a la concesión de manera discrecional, sin que se tengan en cuenta la evaluación y el trabajo que realizan las trabajadores sociales municipales, a quienes corresponde establecer las prioridades de las personas”.
En este sentido, entiende que “la emergencia social no la tiene que establecer un político, sino los profesionales de Servicios Sociales, y eso es algo que saben tanto el alcalde, como el delegado Francisco José Salado, que ha trabajado con entidades sociales en las que se aplican controles a la hora de conceder las ayudas a las familias”.
La derecha, que está a la espera de que se le facilite por parte del Gobierno local la información sobre el asunto requerida a través del registro municipal, advierte de que “una vez recibamos la información, decidiremos las acciones pertinentes”.
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