El Centro de Interpretación del Vino y la Sal, de Chiclana, ha servido de escenario para la presentación en sociedad del avance del Plan de Ordenación Urbana (POU), en consulta pública hasta el 20 de octubre (AQUÍ). Un acto que reunía a un centenar de personas, entre los que se encontraban representantes de partidos políticos, del tejido asociativo, económico y social local, y vecinos de diversas zonas del municipio.
La localidad tiene en marcha desde hace meses la elaboración de un actualizado Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). No hay que olvidar que actualmente, urbanísticamente hablando, depende de las normas subsidiarias del año 87, tras quedar anulado años atrás por tercera vez el último Plan General, esbozado por la misma empresa que se encarga del nuevo, Territorio y Ciudad, la firma de González Fustegueras.
A partir de la nueva ley autonómica (la LISTA), este documento ya no se llama PGOU, y se divide a su vez en dos patas: el ahora denominado Plan de Ordenación Urbana, POU, está centrado en suelos urbanos; y el Plan General Ordenación Municipal, PGOM, es el referido a suelos de futuro desarrollo.
Las posibilidades edificatorias que genera este POU son de entre 5.000 y 6.000 nuevas viviendas, de las que unas 500 son protegidas. Una vez que la Junta entregue el documento de alcance de la Evaluación Ambiental, se celebrará un pleno municipal para la aprobación inicial de este documento. Posteriormente, se llevará a cabo el trámite de información pública, consulta a los informes sectoriales y solicitud de la Declaración Ambiental Estratégica, previa a la aprobación definitiva, que según los plazos que maneja el bipartito PSOE-IU, “sería a lo largo de 2024”.
Durante el encuentro, el alcalde José María Román explicó la evolución urbanística de Chiclana de los últimos años, así como los nuevos documentos urbanísticos que regirán la ciudad en esta materia en el futuro: “hemos llegado hasta aquí después de tres planes anulados. Los planeamientos que hemos desarrollado han sido igual que el de ahora, es decir, siguiendo las indicaciones que nos da la administración competente, que es la Junta de Andalucía. Los procedimientos anteriores fueron tumbados por los tribunales y aquí estamos con este nuevo documento”.
“SE HA ENTENDIDO QUE LOS SUELOS URBANOS NO CONSOLIDADOS NO DEBÍAN ENTRAR, A EFECTOS URBANÍSTICOS, COMO SUELOS URBANOS, DEBIENDO PERMANECER COMO RÚSTICOS”
“Si nos centramos en lo que da de si el POU, es, en virtud de lo que dice la LISTA, lo que tiene en consideración los suelos urbanos. El esfuerzo que se ha hecho y la posición que se ha establecido es la abierta, con absoluta franqueza, confianza y el mayor respeto entre las dos partes, con la dirección general de la Junta, que conoce de primera mano la casuística urbanística de Chiclana. Así pues, si hablamos del POU, éste recoge las normas subsidiarias del 87, en toda su plenitud y en toda su extensión y los suelos que se pueden incorporar, porque son considerados suelos urbanos. El marco es muy delimitado”, precisó el primer edil socialista.
Y añadía que “se podrá alegar sobre lo que debe considerarse o no como suelo urbano, pero hay que tener un matiz, sobre todo para los que digan que su finca antes era suelo urbano no consolidado, porque esos suelos pertenecen al PGOM”.
“Otra cuestión importante -apuntó Román- es la referida a las antiguas Áreas de Gestión Básicas o a los suelos urbanos no consolidados (con miles de viviendas ilegales), es decir, los casi 20 millones de metros cuadrados que estaban en el anterior planeamiento como suelos urbanos no consolidados y que se venían a desarrollar a través de ordenanzas que han estado en vigor”. En este sentido, “la Junta nos expuso su criterio. Así, entendiendo lo que es el contexto de la ciudad y entendiendo el POU, esos suelos urbanos no consolidados no debían entrar, a efectos urbanísticos, como suelos urbanos, debiendo permanecer como suelos rústicos. Esto no quiere decir que en un futuro Plan General, el PGOM, no se pueda hacer”, matizó el alcalde.
A decir del alcalde, “esta opción nos pareció acertada y la compartimos. En el primer Plan General se arbitraron unas ordenanzas que venían a poner de manifiesto cómo regularizar todas esas viviendas. En una primera etapa, el marco que se había establecido era de unas ordenanzas que venían a urbanizar en términos de lo que supone urbanizar un suelo que es rústico y al que había que hacerle el reparto de zonas verdes, equipamientos, viales, etc. Es aquella ordenanza que suponía un coste importante por lo que dice la Ley del Suelo”, recordó.
“De ese plan, pasamos a un nuevo PGOU en el que se bajó el nivel. Con la venia de la Junta y porque se permitía, había una mayor laxitud, que consistía en que el desarrollo de esos suelos urbanos no consolidados se hacían con un nivel mínimo de equipamientos, de zonas verdes y de viales. Esto supuso que la cuantía a abonar por cada parcela descendió a la mitad”, ha recordado.
No obstante, José María Román ha remarcado que “tanto el primer intento como este segundo no dieron sus frutos, porque la gente no participaba en aquello de pagar, entendiendo que era el Ayuntamiento el que lo tiene que pagar. En este sentido, todos contribuimos y todos recibimos. Así, si una parte importante de Chiclana con licencia ha pagado los equipamientos, las zonas verdes, etc. no es justo que esta parte pague los servicios a la otra parte que no ha pagado por urbanizar”. Y en este punto, aclaró que “el IBI se paga porque existe un bien inmueble y hay que contribuir, pero no tiene nada que ver con que haya pagado los derechos urbanísticos, que es una cosa totalmente distinta”.
“UNA PARTE IMPORTANTE DE CHICLANA CON VIVIENDAS LEGALES HA PAGADO EQUIPAMIENTOS O ZONAS VERDES; NO ES JUSTO QUE PAGUEN LOS SERVICIOS A LA OTRA PARTE QUE NO HA PAGADO POR URBANIZAR”
“Tras el fracaso del segundo plan y cuando la Junta dice que esos suelos pasan a rústicos, a través de la LISTA, esos 20 millones de metros cuadrados tienen dos caminos. Un camino es el acceso directo a los servicios de luz, agua y alcantarillado si los tiene a pie de parcela para acceder a ellos. En Chiclana hay más de 1.300 viviendas que pueden acceder a los servicios de inmediato”, ha insistido el alcalde.
No obstante, a pesar de que, a través de Chiclana Natural y de los servicios de la Intervención, se ha visto que los costes son mucho más reducidos y se facilita el pago, tampoco están respondiendo los vecinos con estas casas irregulares: “estamos esperando un tiempo prudencial y si la gente no actúa, actuaremos de oficio, para que los propietarios hagan las conexiones pertinentes. Hemos sido sumamente prudentes y templados, como para seguir esperando”.
El segundo camino para estos suelos rústicos es el de los planes especiales: “hay casi una veintena de planes que se están moviendo. Estos hablan de la redacción de un documento, que delimita un ámbito y ese ámbito incluye un número determinado de parcelas. Además, este ámbito va a desarrollar y plantear cómo solucionar los servicios de agua y alcantarillado. Esto va a tener un procedimiento de declaración ambiental y, pasados 18 meses, se procederá a su aprobación y se puede urbanizar”. Aquí, el Ayuntamiento puede entrar con un 10%, porque se puede hacer como contribución especial y esto se paga en cinco años. Para el alcalde del PSOE, “esto es algo bastante factible”.
