El pleno de agosto del Ayuntamiento de Chiclana abordará una proposición relativa a la quinta modificación del presupuesto municipal de 2015, con el fin de pagar los gastos de abogado y procurador ocasionados tras las querellas criminales por un presunto delito de prevaricación urbanística interpuestas por el anterior Gobierno municipal liderado por Ernesto Marín, en 2008, contra el exconcejal del PSOE, Joaquín Muriano, y que fueron archivadas por el Juzgado.
El pleno ordinario de agosto del Ayuntamiento de Chiclana abordará una proposición relativa a la quinta modificación de créditos por créditos extraordinarios del presupuesto municipal para 2015, con el fin de pagar los gastos de abogado y procurador ocasionados tras las querellas criminales interpuestas por el anterior Gobierno municipal liderado por Ernesto Marín -en noviembre de 2008- contra el exconcejal del PSOE, Joaquín Muriano, y que fueron archivadas por el Juzgado.
En concreto, tras el archivo de las denuncias y de los posteriores recursos ante el propio Juzgado número 2 de Chiclana y la Audiencia Provincial, el que fuera concejal socialista reclamó el pasado 20 de junio que se le indemnizara por los gastos ocasionados, conforme establece el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento. De esta forma, dichos gastos de abogado y procurador suponen casi 57.000 euros.
“Nos hemos visto obligados a presentar esta quinta modificación de créditos del presupuesto de 2015, puesto que no está presupuestado el gasto que ahora el Ayuntamiento debe abonar por las denunciadas presentadas, en su día, por el Gobierno de Marín”, remarca la portavoz del Gobierno municipal, Cándida Verdier.
En noviembre de 2018, pocos días antes de que saliera adelante la moción de censura contra el entonces alcalde Ernesto Marín, su Gobierno municipal presentó dos querellas criminales contra Joaquín Muriano por un presunto delito de prevaricación urbanística. Sin embargo, la Justicia ha terminado archivando las causas penales.
No obstante, dicho archivo, en enero de 2014, fue recurrido en reforma por parte del nuevo Gobierno de Marín, recurso que se resolvió en su contra en octubre de ese mismo año. A pesar de ello, la derecha en el Ejecutivo volvió a recurrir en apelación ante la Audiencia Provincial de Cádiz, que volvió a desestimar el recurso por auto de 9 de junio de 2015. De esta forma, Muriano solicitó el pasado 20 de junio al Ayuntamiento que éste le indemnizara por los gastos ocasionados de abogado y procurador.
Verdier lamenta en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que “casi siete años después de que el PP decidiera interponer estas denuncias contra el exconcejal del PSOE, Joaquín Muriano, y tras dos recursos presentados contra el archivo de la causa, los chiclaneros vamos a tener que pagar casi 57.000 euros por culpa de la judicialización de la vida política que lleva a cabo constantemente el PP”.
“Marín y sus compañeros de partido no dudaron en atacar como fuera a otros concejales, aunque esto supusiera un gasto para las arcas municipales”, insiste la ahora portavoz del Ejecutivo socialista. Y agrega que “si realmente estaba dispuesto a denunciar, lo podía haber hecho con dinero suyo o de su partido, pero no con el dinero de todos los chiclaneros, que ahora ven cómo su Ayuntamiento tiene que desembolsar casi diez millones de las antiguas pesetas por capricho de Marín, que aprovechó su condición de alcalde en ese momento para denunciar a Muriano”.
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