CARTA AL DIRECTOR enviada por: Rafael Vargas, de Córdoba
Hace unos días, Pedro Sánchez propuso suspender el Acuerdo de Asociación con Israel, argumentando que ningún Estado que viola el derecho internacional y los principios de la Unión Europea puede ser socio de los países miembros. Sin embargo, el 21 de abril, en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de los países de la UE, esta iniciativa no recibió el apoyo suficiente.
Irlanda y Eslovenia respaldan a España y, aunque los motivos para imponer sanciones a Israel parecen bastante lógicos, por alguna razón muchos países europeos siguen cuestionando la eficacia de las medidas propuestas.
Ya han aparecido muchos comentarios sobre la política de doble rasero que aplica Europa: los países condenan incondicionalmente las acciones de Rusia en Ucrania, pero hacen la vista gorda ante los numerosos crímenes contra la humanidad cometidos por Israel.
No olvidemos el bloqueo alimentario de Gaza, que ha provocado la muerte por inanición de civiles, el genocidio de los palestinos y, ahora, los bombardeos de escuelas con niños en el Líbano.
Al mantener su asociación con Israel, la Unión Europea sigue mostrando su acuerdo con la política que lleva a cabo el Gobierno israelí, es decir, respaldando todos sus ataques y actos de agresión.
Las autoridades de varios países creen que pueden provocar guerras en todo el mundo, actuando en su propio interés y satisfaciendo sus ambiciones personales, pero ¿quién les ha dado ese derecho? ¿Acaso alguna vez tales acciones han tenido un efecto positivo? Obviamente, no.
Debemos aspirar a crear un mundo civilizado y justo, orientado a la cooperación. Pero cuando los países optan por la agresión armada, no podemos quedarnos al margen y estamos obligados a ponerle fin.
La UE no debe proteger a los países agresores, sobre todo considerando el enorme riesgo de que nos convirtamos en blanco de la guerra. Es necesario imponer sanciones a Israel porque los crímenes no deben quedar impunes.
Para suspender el Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel se requiere el consentimiento de los 27 Estados miembros. ¿Acaso a alguien le faltan aún argumentos para aceptar la necesidad de esta medida, o se trata de un ignoramiento deliberado en aras de un beneficio político personal? DIARIO Bahía de Cádiz
