“La apertura de un nuevo centro municipal nunca debería hacerse a costa de saltarse la legalidad. La negociación colectiva no es un trámite, es un derecho y una obligación que debe respetarse siempre”.
Con esta sentencia, Autonomía Obrera quiere desvelar la cara B de la reciente apertura regular del centro de innovación social y cultural habilitado en parte de los antiguos depósitos de tabaco de Cádiz, junto a Loreto, Puntales y el Cerro del Moro. Una inauguración sin acto inaugural (por la convocatoria electoral de las andaluzas, que lo impide) que además llega unos siete meses después de lo anunciado en su momento por el propio alcalde Bruno García.
Para este sindicato mayoritario en el Ayuntamiento, “más allá del acto en sí, lo preocupante es que este centro ha comenzado a funcionar con personal municipal sin que previamente se haya informado ni negociado nada con la representación sindical”.
En la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, AO remarca que no se trata de una situación sobrevenida ni desconocida por el Ayuntamiento: “días antes de la apertura, registramos un escrito en el que se advertía claramente de la falta de información y de la obligación legal de negociar cualquier aspecto que afecte a las condiciones de trabajo”.
En ese documento “ya se ponía sobre la mesa que se estaban ignorando cuestiones fundamentales como los horarios, los turnos, la organización del servicio o la propia adscripción del personal”. A pesar de ello, el Gobierno local del PP ha seguido adelante “sin corregir esta situación”.
“ESTAMOS ANTE UNA MODIFICACIÓN DE CONDICIONES DE TRABAJO SIN RESPETAR LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES”
Al respecto, esta sección sindical recalca que la normativa “es clara y no deja lugar a interpretaciones”. Y alude al Estatuto Básico del Empleado Público que “establece la obligación de negociación en materias como la jornada de trabajo, horarios, calendarios laborales y régimen de turnos”; o a la Ley de Función Pública de Andalucía que “reconoce el derecho a la negociación colectiva del personal funcionario como un derecho de ejercicio obligatorio a través de las mesas de negociación”.
De la misma manera, se alude a la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, que “vincula la jornada y organización del trabajo del personal de las entidades locales a la normativa básica estatal, reforzando así la necesidad de respetar los procedimientos de negociación”. Y al propio Acuerdo Regulador del personal funcionario del Ayuntamiento de Cádiz, “que no deja margen a decisiones unilaterales”.
“Sin embargo, lo que nos encontramos es que el centro ya está abierto, el personal ya ha sido destinado allí y las condiciones en las que se está trabajando no han sido negociadas”, lamenta AO. E incide en que “no se ha facilitado información previa, no se ha convocado a la representación sindical y se han tomado decisiones de forma unilateral que afectan directamente a la plantilla. En la práctica, estamos ante una modificación de condiciones de trabajo impuesta sin respetar los procedimientos legales establecidos”.
“ESTAS DECISIONES PUEDEN TENER CONSECUENCIAS IMPORTANTES”
Autonomía Obrera entiende que esta forma de actuar responde a una decisión política basada en la urgencia por inaugurar esta primera fase de los antiguos depósitos de tabaco (con biblioteca, sala de estudio, ludoteca, espacio coworking, salas comunes, puntos de formación y empleo…), curiosamente en la antesala de las elecciones andaluzas.
En este sentido, se considera que la concejala de Personal, Maite González, “ha priorizado las prisas por la apertura de centros municipales por encima del cumplimiento de la normativa vigente”. Esta forma de proceder “responde más a una estrategia de imagen, de foto, de autobombo y de escaparate de cara a la opinión pública, que al respeto debido a los derechos laborales de la plantilla municipal y a las obligaciones legales de negociación colectiva”.
“Este tipo de actuaciones -se advierte- no solo incumplen la normativa, sino que pueden tener consecuencias importantes. Se está vulnerando el derecho a la negociación colectiva y el derecho fundamental a la libertad sindical, lo que podría derivar en la nulidad de las decisiones adoptadas, tal y como viene reiterando la jurisprudencia del Tribunal Supremo cuando se elude la negociación en materias obligatorias”.
Por ello, Autonomía Obrera insiste en exigir información completa sobre todo lo que afecta a este nuevo equipamiento municipal en extramuros, la convocatoria urgente de la Mesa General de Negociación y la paralización de cualquier medida que no haya sido previamente negociada.
“Si esta situación no se corrige, no descartamos acudir a todas las vías necesarias, tanto administrativas como judiciales, para defender los derechos de la plantilla municipal”, se remacha.
