Un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado inicialmente, y por unanimidad (desde la oposición, el PSOE ha puesto en valor un proceso “extraordinario en cuanto a las formas” y Adelante Izquierda Gaditana ha exigido levantar vivienda pública en alquiler, sin olvidar la importancia del suelo industrial) el Plan de Reforma Interior (PRI) del ARI-ZF-01 Zona Franca-Loreto para el desarrollo de la ambiciosa operación urbanística en la antigua parcela de Navalips, donde se contemplan hasta 800 viviendas.
Dicho documento fue registrado en el Ayuntamiento a finales del pasado mes de julio después de que la tramitación ambiental fuera informada favorablemente. Este PRI es el instrumento contemplado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que va a permitir acelerar los plazos para desarrollar este suelo durante años desaprovechado en el polígono exterior. El mismo tiene unas estrategias y objetivos claros entre los que está “proponer un modelo que favorezca la integración, transición y conexión entre el barrio residencial de Loreto y el recinto exterior; introducir espacios libres de calidad y conectados para articular un sistema que genere continuidad urbana con los espacios colindantes; o mejorar y diversificar la oferta residencial”.
Dada la importancia del trámite para el avance de esta iniciativa promovida por la Zona Franca de Cádiz, que supondrá (si no hay contratiempos) la creación de un nuevo barrio en extramuros, el propio delegado del Estado en el Consorcio y exconcejal socialista, Fran González, ha querido estar presente en la sesión.
“La colaboración institucional es sumamente importante en el desarrollo de este proyecto, ya que le da la agilidad en la tramitación que es necesaria para llevarlo a cabo. Afortunadamente mantenemos un diálogo fluido con el Ayuntamiento, lo que nos proporciona un clima de entendimiento que redunda en favor de la ciudad, más aun teniendo en cuenta que supone una oportunidad única en materia de vivienda”, ha manifestado González tras el pleno; del que ha salido además satisfecho porque “hemos conseguido ponernos todos de acuerdo, que es lo que los ciudadanos esperan de las administraciones en iniciativas de envergadura como esta”.
De la misma manera, el alcalde Bruno García ha destacado la importancia de “la colaboración institucional, de la alianza y del diálogo entre administraciones” para hacer posible este “proyecto de ciudad” asegurando que “esta reordenación nos afecta a todos, tanto al Ayuntamiento, como a la Junta de Andalucía y al Gobierno de la nación”.
“Hoy hemos dado un paso muy positivo e importante ya que abrimos un camino para construir más viviendas en nuestra ciudad. Es un gran ejemplo de cómo las instituciones, entidades, administraciones y organizaciones desde el consenso y la colaboración pueden generar grandes beneficios para la ciudadanía”, ha reiterado el primer edil del PP, asumiendo una iniciativa de envergadura que se ponía andar en el pasado mandato bajo el gobierno local del izquierdista José María González ‘Kichi’.
Esta nueva fase en la tramitación, que culminará con la aprobación definitiva también en pleno municipal, se extenderá por un periodo aproximado de seis meses.
“UN PROYECTO FASEADO Y REALISTA”
La Zona Franca de Cádiz y Sepides (empresa pública perteneciente a SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda) están detrás de la actuación en el suelo de la antigua Navalips con vistas a desarrollar un nuevo núcleo urbano en ese espacio, muy cercano a la Zona Franca y al barrio de Loreto, en donde se proyecta construir más de 800 viviendas (el 50% destinada a vivienda protegida y el resto de renta libre), junto a 10.000 metros cuadrados de zonas verdes y 28.000 m2 de zonas comerciales, “creando un nuevo núcleo urbano más inclusivo, social y sostenible”.
El proyecto presentado apuesta por un modelo de gestión “realista y que haga viable su ejecución” y por ello se ha optado por dividir el ámbito total de actuación, de 80.989 m2 (ARI-ZF-01), en cuatro unidades de ejecución: la UE-ZF-01 Núñez de Balboa, 20.995 m2; la UE-ZF-02 Manuel de la Pinta, con 33.016 m2; la UE-ZF-03 Vejer Norte, con 5.934 m2; y UE-ZF-05 Jimena, con 21.044 m2.
Esta planificación (cuyo primer protocolo es de febrero de 2023) permite el desarrollo de manera independiente y por fases, “lo que está posibilitando dar mayor agilidad a la tramitación urbanística y al desarrollo de los trabajos”. Será en la UE ZF-2, en la que la Zona Franca y Sepides son propietarios mayoritarios, donde se pretende comenzar a poner ladrillos.
ADELANTE RECLAMA VIVIENDAS PÚBLICAS DE ALQUILER
Adelante Izquierda Gaditana resalta en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz su apoyo a este Plan de Reforma Interior para hacer posible el avance del proyecto de Navalips, “articulado desde la Zona Franca en colaboración con el Ayuntamiento en el pasado mandato”.
Con todo, su concejal Carlos Paradas ha defendido “la importancia y necesidad” de que el resto de suelo de la Zona Franca se destine “íntegramente a suelo industrial, que es lo que genera empleo y actividad”, y en un concepto de vivienda pública “real, coherente, que lleve a Cádiz a incrementar el parque público de vivienda”.
Así, esta coalición ahora en la oposición ha destacado que, más allá de la aprobación de la planificación urbanística, estará muy pendiente del modelo de vivienda pública que se desarrolle: “la mejor opción y la única que garantiza incrementar el parque público de viviendas y dar respuesta a la necesidad de vivienda de colectivos vulnerables es apostar por el régimen de alquiler público, manteniendo la titularidad de las viviendas en Procasa”, se remarca. Y más aun teniendo en cuenta que el otro 50% de las viviendas planteadas en esta parcela se venderán en renta libre “a quien quiera o pueda comprarlas”.
En este punto, Paradas lamenta que el alcalde del PP haya considerado durante el pleno “detalles” en los que “no se quiere enredar” porque “no son importantes” la definición del modelo de vivienda pública que se desarrolle en Navalips, “y por tanto reste valor a la diferencia entre que 800 viviendas acaben íntegramente en manos privadas o tener 400 de esas viviendas en el parque público para dar respuesta con criterios sociales a la innegable e indiscutible necesidad de vivienda que hay en Cádiz”.
