Una resolución judicial da la razón a los trabajadores de la contrata de basuras de Cádiz (Valoriza) frente a la utilización del poder disciplinario “como instrumento de represalia frente a la actividad sindical”, avanzan desde la sección sindical de CSIF en la concesionaria.
La sentencia viene a constatar que la apertura de las taquillas de varios operarios no respondía a la protección del patrimonio empresarial, como defendía la empresa, “malinterpretando intencionadamente” un requerimiento de la Inspección de Trabajo, tras una denuncia presentada por dicho sindicato en noviembre de 2024, por falta de higiene e insalubridad en el centro de trabajo de la calle Huerta del Obispo.
La Inspección, en visita a dichas instalaciones, comprobó los hechos denunciados y requirió a Valoriza la adopción de medidas correctoras. Entre otras, la necesidad de diferenciar y adecuar los espacios de trabajo, señalando expresamente que el vestuario no podía ser utilizado también como almacén de productos y materiales.
Al día siguiente de recibir el requerimiento, relatan desde CISF, la empresa procedió sin previo aviso a la apertura forzada de las taquillas individuales, rompiendo las cerraduras y dejándolas abiertas y sin vigilancia durante todo el fin de semana.
La propia sentencia recoge que la rotura de las taquillas “se hizo a instancias de la empresa y con la presencia de representantes sindicales ajenos a la sección denunciante”.
La concesionaria justificó esta actuación alegando pretender dar cumplimiento a lo ordenado por la Inspección de Trabajo y comprobar que en las taquillas no se encontraban herramientas de trabajo. Sin embargo, el juez, ante el testimonio de la inspectora, entiende que esta interpretación no se corresponde con las medidas realmente requeridas por la Inspección.
La sentencia repara en la coincidencia temporal entre la actuación inspectora y la apertura por la fuerza de las taquillas, concluyendo que la medida adoptada tenía un “claro ánimo represarial”, excediendo sus facultades de dirección.
LA SENTENCIA ANULA LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS
Como consecuencia de la actuación de Valoriza, se iniciaron varios expedientes disciplinarios contra trabajadores del centro, siendo sancionados con suspensión temporal de empleo y sueldo.
Ahora, este fallo deja sin efecto dicha sanción, al haberse conculcado los derechos a la defensa y a la intimidad de los trabajadores, recordando el juez que las taquillas y los efectos personales “forman parte de la esfera privada” y que la facultad de vigilancia de la empresa “tiene como límite los derechos fundamentales”.
La sentencia hace hincapié en el hecho de que la contrata de basuras no había proporcionado un lugar específico para guardar las herramientas de trabajo (que es precisamente lo que requería la Inspección), por lo que los trabajadores utilizaban las taquillas para ello. Valoriza pretendió trasladar a sus operarios las consecuencias de una obligación que le correspondía a la propia empresa y que esta no había solucionado con los medios adecuados.
El sindicato denunciante recalca en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que esta situación “refuerza la necesidad de analizar lo sucedido desde una perspectiva sindical, ya que estas deficientes condiciones higiénico-sanitarias han sido también denunciadas en el resto de centros de trabajo. Sin embargo, las taquillas solo fueron violentadas en estas dependencias de Huerta del Obispo, que es donde están destinados los miembros de la sección sindical de CSIF.
REPROCHE AL RESTO DE SECCIONES SINDICALES
Finalmente, a este sindicato le resulta lamentable que el resto de secciones en el comité de empresa “hayan celebrado y justificado” la acción cometida por la empresa, “finalmente ilegal, como señala la sentencia”. “Incluso alguno de sus miembros llegó a testificar en el juicio contra sus propios compañeros”, se apostilla.
En este punto, CSIF recuerda que desde que Valoriza se hizo con este contrato del Ayuntamiento de Cádiz a principios de 2023, viene poniendo el foco en lo que considera “una intromisión reiterada en la esfera privada de los trabajadores por parte de la empresa”.
Entre otras actuaciones denunciadas, hace referencia a la utilización de detectives privados para investigar a empleados de especial vulnerabilidad en situación de incapacidad temporal, con el fin de promover expedientes disciplinarios por faltas muy graves, llegando a plantearse despidos.
Por todo ello, termina exigiendo a la contrata “que abandone cualquier práctica que pueda interpretarse como represalia frente a la actividad sindical”, centrando sus esfuerzos “en solucionar las pésimas condiciones a la que están sometidos sus trabajadores y trabajadoras”.
