El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Cádiz ha denunciado una nueva “oleada” de desahucios en la capital gaditana (con tres casos concretos) promovidos por la Junta (a través de su Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, AVRA, adscrita a la consejería de Fomento). Todo ello mientras mantiene pisos vacíos en la ciudad y miles de familias llevan años esperando acceder a una vivienda pública.
A colación, este colectivo ha arropado este martes a una de las familias amenazadas con verse en la calle, Fani y Álex, con ocasión del juicio. Después vendrán otros dos procedimientos. “Y sabemos que puede haber más familias afectadas a las que llamamos a organizarse y a luchar”, se recalca en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
Dos de estos tres casos ya fueron denunciados por el Sindicato de Inquilinas y otras organizaciones sociales, que en abril reclamaron a la AVRA la paralización de los desahucios y la apertura de una mesa de negociación con las familias vulnerables afectadas, y que “deberían estar precisamente bajo la protección de una empresa pública destinada a garantizar el derecho a la vivienda”. Meses después, lejos de resolverse la situación, “los casos se acumulan y la amenaza de desahucio continúa”.
La pregunta para esta entidad es inevitable: “si en Cádiz capital ya conocemos tres familias amenazadas por el AVRA, ¿cuál será la verdadera magnitud de los desahucios que esta empresa pública está promoviendo en toda la provincia y en el conjunto de Andalucía?”.
LA “RESPONSABILIDAD POLÍTICA” DE LA POPULAR CARMEN SÁNCHEZ
Además, sin dejar la provincia, el Sindicato de Inquilinas señala directamente la “responsabilidad política” de Carmen Sánchez, política del PP que ahora se mantiene colocada como delegada territorial de Fomento de la Junta. Pero ya fue concejala de Teófila Martínez, y responsable entre otras áreas de Vivienda en 2024, “un año especialmente grave en materia de desahucios, con 298 lanzamientos registrados en la ciudad”.
A juicio de dicha entidad, la situación actual de las familias afectadas demuestra que bajo la actual dirección política de Sánchez, en el AVRA en la provincia “los abusos contra las inquilinas se han multiplicado”.
“La gravedad llega hasta el punto de que una de las tres familias se enfrenta a la pérdida de su vivienda sin que exista, según la propia familia, un procedimiento de desahucio, mientras continúa pagando la renta”, se expone. Y se insiste en la negativa de la AVRA a establecer una “negociación real” con los afectados, “incluso cuando se trata de personas en situaciones de extrema vulnerabilidad”.
Desde el Sindicato de Inquilinas terminan exigiendo que esta empresa pública “actúe precisamente como lo que debe ser: un instrumento de protección, negociación y garantía del derecho a la vivienda, y no una herramienta para expulsar a familias trabajadoras de sus hogares. La vivienda pública tiene que ser universal, de calidad y libre de abusos y desahucios”.
