Una mujer ha intentado quemarse en Cádiz a lo bonzo en las oficinas de Procasa, para impedir el desahucio inminente de la vivienda municipal que ocupa desde hace más de un año en la calle Grazalema. Finalmente se logró convencer a esta persona, que se había rociado con gasolina, de que desistiera. El Ayuntamiento defiende que esta casa tiene un adjudicatario procedente del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda y que ya “ha evitado” hasta en cuatro ocasiones el desalojo, decretado por el Juez.
Una mujer ha intentado quemarse en Cádiz a lo bonzo este martes en las oficinas de la empresa municipal de viviendas, Procasa, para impedir el desahucio inminente de la vivienda que ocupa. Finalmente se logró convencer a esta persona, que se había rociado el cuerpo con gasolina y el suelo del lugar, de que desistiera de su intención.
La mujer, que ocupa con su familia desde marzo de 2013 de forma ilegal una vivienda municipal en la calle Grazalema, estaba reunida con el concejal de Vivienda, Pablo Román, y distintos técnicos de Procasa, cuando ha amenazado con prenderse fuego, “algo que ha sido evitado por el propio concejal”.
Desde el Ayuntamiento se insiste en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz en que esta familia –matrimonio, con el marido enfermo, y dos hijos de 16 y de 19 años de edad- “tiene que buscar una vivienda para que pueda procederse a la concesión de ayudas de alquiler periódico que se ofrecen desde la delegación de Servicios Sociales”. Asimismo y ante el inminente desalojo decretado por el Juzgado, también se le ha ofrecido un alojamiento de urgencia en una pensión, “algo que también ha sido rechazado”.
“Hay una familia a la que se ha adjudicado esta vivienda, en la que uno de sus miembros tiene una discapacidad, que procede del Registro de Demandantes de Vivienda y que, según los informes de los técnicos municipales, está en una situación de mayor necesidad para ocupar la misma. Y, por supuesto, de una forma legal bajo los criterios estipulados en dicho registro para la adjudicación de viviendas municipales”, se argumenta desde el Gobierno local del PP.
SE HA EVITADO HASTA CUATRO VECES EL DESALOJO
Desde el equipo de Gobierno se asegura que la familia que ocupa irregularmente esta vivienda municipal situada en la calle Grazalema “ha sido atendida tanto por los Servicios Sociales como por la empresa municipal de la vivienda desde hace meses para buscar una solución”.
En primer lugar, Procasa solicitó la adopción de una medida cautelar de desalojo de la vivienda por el perjuicio que esta situación de ocupación ilegal de la vivienda estaba ocasionando a la familia adjudicataria de la misma, procedente del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda.
Con fecha de 29 de agosto de 2013, el Juzgado dictó una providencia en la que se acordaba el desalojo de la vivienda para el 20 de septiembre, aunque esta familia procedió a solicitar un aplazamiento. Tras remitir el Juzgado dicho escrito a Procasa, la empresa municipal no se opuso y se acuerda posponer el desalojo hasta el 31 de octubre, acordándose esta fecha mediante Providencia del Juzgado.
Una vez se acerca la fecha, el denunciado vuelve a solicitar un nuevo aplazamiento, fijándose este sin la oposición de Procasa hasta el 31 de diciembre de 2013. Llegado el momento, nuevamente se pide el tercer aplazamiento acordándose la suspensión del desalojo y señalando una nueva Providencia como nueva fecha el 1 de febrero de 2014 aunque en esta ocasión el Juzgado advierte expresamente que “este será el plazo definitivo, ya que hay que tener en cuenta que otras personas tienen mejor derecho para ocupar la misma, por lo que la situación no se puede mantener en el tiempo”. Esta advertencia se hace a instancias del Ministerio Fiscal, en un informe emitido el 26 de diciembre de 2013.
Sin embargo, la familia sigue permaneciendo en la vivienda hasta que el pasado 13 de mayo se dicta una nueva Providencia en la que, ante el incumplimiento del desalojo requerido para el 1 de febrero, se acuerda el lanzamiento para este miércoles 28 de mayo.
Por tanto, el Ejecutivo liderado por Teófila Martínez repite que desde Procasa “se ha evitado hasta en cuatro ocasiones el desalojo de la vivienda puesto que se han solicitado un total de cuatro aplazamientos desde septiembre de 2013 hasta la fecha” y “el Ayuntamiento nunca se ha opuesto a ninguno de ellos, demostrando así su voluntad de colaborar para evitar que esta familia se quede en la calle”.
Por su parte, la concejalía de Servicios Sociales manifiesta haber atendido en varias ocasiones a esta familia, concediéndole una ayuda de 1.000 euros para alquiler de vivienda en enero de 2014 aunque esta ayuda no ha sido justificada.
“Desde enero hasta la semana pasada, esta familia no ha vuelto a requerir la atención de Servicios Sociales, que le ofreció ayuda para alquiler periódico aunque debe justificar que ese dinero fue dirigido para vivienda, hecho que no ha ocurrido aún”, se señala. No obstante, se insiste, “se le ha ofrecido que busquen una vivienda de alquiler para poder ofrecerles las ayudas”.
