UGT en el Ayuntamiento de Cádiz ha expresado su “profunda preocupación y rechazo” ante las “reiteradas prácticas de presión, impropias de la administración pública”, ejercidas por la concejala de Parques y Jardines, Loli Pavón.
“Las presiones continuadas, en forma de llamadas insistentes o requerimientos injustificados, pueden llegar a constituir situaciones de acoso laboral que no vamos a tolerar. Queremos recordar de manera clara que el personal funcionario no está al servicio de intereses particulares ni de cargos políticos concretos, sino al servicio de los ciudadanos de Cádiz”, remarca esta sección sindical.
Y en concreto, UGT señala los hechos ocurridos el pasado viernes 17 de abril, pero “no son un episodio aislado, sino una muestra más de una forma de actuar que se viene repitiendo en el tiempo”.
En esta ocasión, y con motivo de actuaciones relacionadas con la apertura por fin del equipamiento cultural y social habilitado en los antiguos depósitos de tabaco, según el sindicato denunciante esta concejala del PP “realizó insistentes y reiteradas llamadas telefónicas tanto al director del área de Medio Ambiente, que se encontraba en una reunión, como al técnico responsable, que estaba desempeñando sus funciones, sin que existiera urgencia alguna que justificara dicha insistencia”.
“BÚSQUEDA DE PROTAGONISMO PERSONAL Y DE RÉDITO POLÍTICO”
“Entendemos que este comportamiento responde más a una búsqueda de protagonismo personal y de rédito político que a una necesidad real del servicio público. Esta forma de proceder -apostillan desde UGT- resulta incompatible con el funcionamiento de una administración pública moderna, donde los empleados se rigen por principios de objetividad, imparcialidad y servicio a la ciudadanía”.
Por todo ello, se exige a Pavón que “rectifique de inmediato su actitud y respete los cauces organizativos y profesionales del Ayuntamiento gaditano”, así como la labor de los trabajadores municipales. Del mismo modo, esta organización advierte de que, de persistir este tipo de conductas, se reserva el derecho a emprender acciones sindicales y legales “oportunas en defensa de la plantilla”.
UGT termina subrayando su compromiso con la defensa de “unas condiciones laborales dignas y con una administración pública basada en el respeto, la profesionalidad y el interés general”.
