UGT ha exigido en los últimos días la “intervención inmediata” del Ayuntamiento de Cádiz para fiscalizar el servicio de ayuda a domicilio (adjudicado a la problemática Óbolo por más de 9 millones de euros anuales) y garantizar el cumplimiento de las condiciones laborales.
Este sindicato abunda en la “profunda indignación” de la plantilla (que junto a los partidos de la oposición llevan ya tiempo demandando la municipalización del servicio) con esta empresa onubense, que asume el contrato de forma efectiva desde el pasado agosto de 2025.
“Desde entonces, vienen sufriendo de manera reiterada irregularidades en sus nóminas, incluyendo la falta de abono de cantidades correspondientes y errores en gratificaciones, generando una situación de absoluta incertidumbre económica”, relatan desde UGT Servicios Públicos Cádiz; añadiendo que cada final de mes “se ha convertido en un momento de angustia para una plantilla que no sabe si percibirá su salario correctamente”.
En el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, este sindicato reitera que se trata además de un colectivo “altamente feminizado, esencial y profundamente comprometido con el cuidado de personas dependientes, que desempeña su labor en condiciones ya de por sí exigentes, y que ahora además se ve obligado a soportar una inaceptable inseguridad laboral y económica”.
“Y EL GOBIERNO LOCAL SIGUE SIN ADOPTAR MEDIDAS”
Al respecto, se denuncia la “pasividad” del equipo de Gobierno del PP, liderado por Bruno García, que “está permitiendo que esta situación se prolongue en el tiempo sin adoptar medidas contundentes para garantizar el correcto funcionamiento del servicio y el cumplimiento de las obligaciones laborales por parte de la adjudicataria”.
En este sentido, UGT insta al alcalde popular a que tome cartas en el asunto “y deje de mirar hacia otro lado” ante una situación que afecta tanto a las trabajadoras como a las personas usuarias.
Al mismo tiempo, se exige el abono íntegro y puntual de todas las nóminas y cantidades adeudadas a la plantilla de este servicio de ayuda a domicilio; la depuración de responsabilidades ante los incumplimientos detectados; y la adopción de medidas urgentes que aseguren la estabilidad laboral y la calidad del servicio prestado a la ciudadanía.
Finalmente, UGT SP Cádiz anuncia que no descarta la convocatoria de movilizaciones “si no se producen soluciones inmediatas”, ya que estas trabajadoras “merecen respeto, estabilidad y condiciones dignas. No vamos a permitir más abusos”.
