El domicilio en Cádiz del concejal del PP, Ignacio Romaní, ha amanecido este miércoles con varias pintadas con insultos (“chorizo”, “ladrón”) y acusaciones, que su partido, además de lamentarlo, tilda de “ataque fascista”; “al más puro estilo mafioso –se agrega-, los autores de las pintadas han señalado no solo el domicilio particular del portavoz municipal, sino el de sus padres, en lo que es una maniobra totalmente orquestada por un grupo concreto”.
El PP, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, interpreta que “estas son las consecuencias” de lo que llama “una campaña iniciada por grupos radicales ya conocidos en esta ciudad, que vienen filtrando de manera sesgada la información sobre el Observatorio de Responsabilidad Social y Aguas de Cádiz, para ahora cerrar el círculo con el juicio público, la condena y la ejecución, todo en uno”.
“Es una dinámica desgraciadamente habitual desde hace tres años en esta ciudad: unos apuntan y otros disparan”, dejan caer desde la derecha local, que hace precisamente tres años fue apeada del Gobierno local, donde se había mantenido durante veinte, por la coalición de Por Cádiz sí se puede y Ganar Cádiz en Común, con el apoyo en la investidura del PSOE.
En las últimas semanas, Romaní (que en octubre pasado fue reprobado por el pleno, junto a la exalcaldesa, Teófila Martínez, por los insultos, descalificaciones y faltas de respeto hacia el alcalde, José María González ‘Kichi’, al que llamaron “cacique” y “fascista” tras la celebración de la junta general de una empresa municipal), está de actualidad ya que, tras diversas informaciones periodísticas, el consejo de administración de Aguas de Cádiz ha aprobado crear una comisión de investigación –pese a la abstención del PP, y en la que paradójicamente se integrará el propio concejal señalado- para esclarecer la relación entre 2011 y 2015 de esta empresa municipal, entonces presidida por dicho edil popular, y el llamado Observatorio Andaluz de Responsabilidad Social de la Empresa, que dirige Carlos Guillén, profesor de la UCA y director en esos mismos años de la tesis de Ignacio Romaní, entidad que en ese periodo recibió hasta 42.000 euros de Aguas de Cádiz.
Desde el ahora principal partido de la oposición municipal se asegura que se ha interpuesto ya la correspondiente denuncia en Comisaría por estas pintadas, a fin de que “los nazis y fascistas que están intentando sembrar el miedo y el odio en Cádiz paguen por este grave delito que no es más que un ataque a la libertad y a la democracia”.
Al respecto, el PP local advierte un “grave deterioro de la convivencia” en la capital gaditana, y afirma, desde su punto de vista, que “el delito de Romaní es que es el portavoz del Grupo Popular en una ciudad en la que los métodos nazis están a la orden del día: el día de la toma de posesión nos echaron bajo escupitajos, insultos e intentos de agresión, cuando están en desacuerdo con nuestra postura con el bono (de Eléctrica de Cádiz) nos mandan a su gente a coaccionarnos en la sede, cuando ven que no son capaces de sacar un punto en el pleno convocan a sus círculos para que nos miren a la cara…”.
Igualmente, esta formación reflexiona sobre esta acción vandálica que “ni teniendo el Partido Popular la responsabilidad del gobierno en la ciudad habían ocurrido hechos tan graves como éstos, en los que se señala, como se hacía durante el nazismo, la casa de aquellos a los que -según esos nazis- hay que echarlos; pero todos esos gaditanos que votaran o no al PP son y se sienten ciudadanos libres y pueden estar tranquilos porque los fascistas no lo van a conseguir”.
Por su lado, el presidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz, ya ha expresado, “en nombre de los populares gaditanos”, su condena y profundo rechazo a dichas pintadas, calificándolas de “inaceptables e intolerables”, y afirmando que “este tipo de actuaciones no tienen cabida en la sociedad actual y no hacen más que obstaculizar la convivencia de los gaditanos”.
Este político jerezano ha mostrado la solidaridad y el apoyo unánime de todo el PP de Cádiz hacia Romaní, quien, no duda, “está sufriendo una campaña de acoso que ya ha traspasado los límites democráticos”.
“Nadie que se considere demócrata puede aplaudir estas conductas”, añade quien es también delegado del Gobierno en Andalucía, que incluso habla de “ataque a la democracia”. “Lamentamos estos actos intolerables e incívicos, que buscan la intimidación pero hacen más fuertes a aquellos que creemos en la libertad de expresión y los cauces para llevarlos a cabo”, sentencia.
OTRAS AMENAZAS HACIA EL ALCALDE Y EL LÍDER SOCIALISTA
Esta ‘amenaza’ contra este concejal del PP no es la única que ha trascendido en Cádiz en los últimos años. De hecho, el mismo alcalde de la agrupación electoral promovida por Podemos denunciaba en mayo de 2016 ante el Juzgado una amenaza de muerte que le había llegado a través del correo electrónico del servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento: “le deseo que le peguen un tiro en la boca por terrorista” o “te odio a muerte solo deseo verte muerto cuanto antes, canalla”, eran alguna de las expresiones del mismo.
Un email que censuraba unas declaraciones sobre Arnaldo Otegi de José María González en un periódico por entonces. El mismo alcalde, poco después presentaba un escrito pidiendo la retirada de la denuncia, tras hablar con el autor de las intimidaciones y recibir las disculpas.
Por su parte, en ese mismo año, el portavoz municipal del PSOE, Fran González, acudió a la Justicia después de que durante el pleno en el que se debatía el presupuesto municipal, en julio, fuera amenazado por dos miembros del público, al votar en contra: “a partir de ahora vas a tener que llevar escolta cuando salgas a la calle”, llegó a decir uno de estas personas, simpatizantes de la formación morada. Ambas fueron condenadas por un delito por amenaza grave con un año de prisión y 100 euros de indemnización.
LAS AAVV CONDENAN LAS PINTADAS CONTRA ROMANÍ
La Federación 5 de Abril, ahora rebautizada como Vecinos de Cádiz, ha querido expresar su “repulsa y condena” ante los actos vandálicos a los que ha sido la fachada de la vivienda de Romaní.
La entidad que aglutina a las Asociaciones de Vecinos considera r”reprochable y condenatoria” la forma de actuar del vándalo o vándalos que hayan cometido tal fechoría, “máxime cuando se trata de la vivienda donde reside la unidad familiar del concejal, quienes no deben soportar ni padecer dichos actos”.
Con independencia de las acusaciones políticas vertidas sobre este representante del PP en los últimos días, “resulta del todo inaceptable los actos ejecutados contra un representante político de todos los vecinos”, se remarca.
