La Asociación de la Prensa de Cádiz rechaza la aprobación de la conocida como Ley Mordaza, que pretende imponer el Gobierno central del PP, “por las restricciones ilegítimas que aplica sobre los derechos a dar y recibir información, a la libertad de reunión pacífica y de asociación y las actividades legítimas de los defensores de derechos humanos”.
La Asociación de la Prensa de Cádiz (APC) rechaza la aprobación de la Ley Orgánica de la Protección de la Seguridad Ciudadana (Plopsc), conocida como Ley Mordaza, que pretende imponer el Gobierno central del PP “por las restricciones ilegítimas que aplica sobre los derechos a dar y recibir información, a la libertad de reunión pacífica y de asociación y las actividades legítimas de los defensores de derechos humanos”.
Frente al mandato constitucional que garantiza y protege en su artículo 20, en sus apartados a, b, c y d, el derecho a la libertad de expresión, producción literaria, cátedra y a comunicar y recibir libremente información, la Ley Mordaza del Gobierno de Rajoy “restringe estos derechos, llevando además su prohibición al derecho administrativo, sujeto a la voluntad de la Administración y no del Derecho Penal”.
En este sentido, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, la APC rechaza la “mordaza informativa” que establece esta polémica Ley de la Protección de la Seguridad Ciudadana, sancionando con multas de hasta 30.000 euros “el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información”
“Un concepto amplio y sujeto a interpretaciones de la autoridad y que entendemos que vulnera el libre ejercicio de la profesión y el derecho fundamental a ser informado”, señala el colectivo de periodistas gaditanos
La propia Federación Internacional de Periodistas ha alertado de los riesgos de esta ley. Beth Costa, su secretaria general, ha expresado sus dudas acerca de todas las limitaciones a los derechos fundamentales de reunión, asociación y manifestación y ha incidido en las restricciones y multas impuestas a los profesionales del periodismo: “pensamos que son absolutamente desproporcionadas y pueden crear inseguridad jurídica para fotógrafos, reporteros gráficos, periodistas y también para los editores, que se limitan a ejercer su oficio en lugares públicos y en asuntos de interés público”.
