El equipo de Gobierno ha pedido al Tribunal de Recursos Contractuales de la Diputación “coherencia y celeridad” a la hora de resolver el enésimo recurso presentado por Cointer, la empresa que ganó este concurso, pero cuya oferta fue excluida posteriormente por temeraria. “La ciudad no merece más retrasos en la adjudicación de este servicio”, ruega.
La tortuosa renovación de la contrata de limpieza y basuras en la ciudad de Cádiz va adquiriendo ya tintes dramáticos: cuando al fin estaba prevista en los próximos días la formalización del contrato con Valoriza, tras la aprobación en pleno semanas atrás, para que pudiera comenzar a prestar el servicio como nueva adjudicataria (la actual, la UTE Sufi Cointer, lleva operando en precario a base de prórrogas forzosas desde 2016), el enésimo recurso de Cointer vuelve a paralizar el procedimiento.
En este punto, el equipo de Gobierno ha pedido al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación “coherencia y celeridad” a la hora de resolver este nuevo recurso presentado por la empresa (parte de la UTE que hoy día opera en la ciudad) que en un principio ganó este concurso público, pero cuya oferta fue excluida posteriormente al considerarse inviable y temeraria al analizarse a fondo.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, desde el Ejecutivo se explica que este Tribunal de la Diputación comunicó el martes a las dos de la tarde al Ayuntamiento la interposición de este nuevo recurso; el mismo se ha estado estudiando por parte de los técnicos municipales de Contratación y se espera contestar este mismo viernes.
El Gobierno gaditano añade que todos los recursos que se han presentado contra este eternizado procedimiento han acabado dando la razón al Ayuntamiento, por lo que confía en que “en esta ocasión no sea distinto”, sobre todo porque “el proceso ha sido riguroso y transparente por nuestra parte en todo momento”.
Además de apelar a la “coherencia” del Tribunal de Recursos Contractuales en su contestación, se reclama también “celeridad” a la hora de contestar, máxime teniendo en cuenta que se trata del recurso especial recogido en el artículo 53 de la Ley de Contratos del Sector Público y que, por tanto, paraliza el procedimiento.
Desde el Ejecutivo liderado por José María González ‘Kichi’ se insiste en pedir a dicho tribunal “altura de miras y compromiso con la ciudad de Cádiz contestando con agilidad” para que se pueda adjudicar el contrato a Valoriza “cuanto antes”, ya que “Cádiz no se merece más retrasos y necesita que empiece a funcionar el servicio conforme al nuevo pliego, es decir, actualizado y a la altura de las necesidades de la ciudad”.
“Cádiz no se merece más retrasos y necesita que empiece a funcionar el servicio conforme al nuevo pliego, es decir, actualizado y a la altura de las necesidades de la ciudad”
Tras descartarse en su momento la oferta de Cointer (que desde entonces, no ha parado de recurrir cada paso), se iba a adjudicar este servicio a Acciona, la segunda oferta mejor valorada, pero sorpresivamente renunciaba argumentando que tras los años pasados desde que se presentó al concurso ya no le dan los números con aquella propuesta. Y por eso al final el Ayuntamiento se decantó por Valoriza (empresa que años atrás se hizo con Sufi, una de las dos firmas que participan en la actual UTE).
La concesión a esta firma (que presentó la oferta más costosa, y peor valorada entre las tres licitantes) supone un contrato que ronda los 170 millones de euros por diez años (el actual está costando 16,4 millones anuales).
Entre las mejoras que aportará Valoriza se incluyen casi 5.000 horas de trabajo más que en el último pliego cocinando en pasados mandatos con gobierno de derechas, la renovación de todos los contenedores y papeleras (incrementando su limpieza para reducir el uso de bolsas de plástico), la necesaria renovación de la flota por completo, la mejora de la recogida selectiva y la apuesta por la participación ciudadana. Además, se va a combatir la brecha de género en la plantilla, y se va a reservar un porcentaje de contrataciones para personas en situación de especial vulnerabilidad.
