La Zona Franca de Cádiz ha mejorado “sustancialmente” su situación económico financiera desde julio de 2018; o lo que es lo mismo, desde que el PSOE tiene el ‘control’. Lo constata el informe de gestión presentado por la actual delegada del Estado en el Consorcio, la socialista Victoria Rodríguez, durante la celebración este martes de un Comité Ejecutivo.
Dicho informe describe la situación en la que se hallaba el recinto fiscal gaditano en julio de 2018 (mes en el que tomó posesión Rodríguez) y las medidas llevadas a cabo en las distintas áreas para mejorar la operatividad de la institución y reconducir la situación económica.
En el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz se destaca el “vuelco” dado en el desequilibrio financiero que ha pasado de alcanzar un máximo histórico en 2016 con 105,4 millones de euros negativos a 4,2 millones negativos en 2018 y a 1,8 millones positivos previstos en el ejercicio 2019, pendiente aún de aprobación.
Otro de los componentes que más ha contribuido a la mejora de los resultados es la disminución de los gastos financieros en un 57,8 %, ya que han bajado en más de 6 millones desde 2015, pasando de 10,9 millones en 2015 a 4,6 millones previstos en 2019. Esta reducción afecta directamente al patrimonio neto que, tras tres años consecutivos en negativo (de 2013 a 2016, cuando alcanzó -16,8 millones) alcanza los 60,9 millones de euros positivos en 2018, cifra que se prevé que ascienda a 77,6 millones en las cuentas de 2019.
Uno de los principales datos negativos heredados de la gestión anterior (del PP) era el altísimo nivel de endeudamiento por ayudas Reindus (que en realidad son préstamos), que ascendía en junio de 2018 105,6 millones. Como resultado de las medidas puestas en marcha esta cifra disminuye un 24%, cayendo en más de 25 millones en la previsión del ejercicio 2019 que la sitúa en 80,2 millones de euros.
Posiblemente el dato financiero que, se asegura, “más reflejo ha tenido en el tejido socioeconómico gaditano”, ha sido el descenso de la deuda a proveedores en un 93% y del periodo para realizar dicho pago; así, se ha pasado de 5,7 millones de deuda a proveedores en 2016 a 600.000 euros en 2018, que bajan a unos 400.000 euros en las cuentas previstas para 2019. Este descenso ha ido parejo a la reducción también del periodo medio de pago, que pasa de 72 días en 2016 a 21 días en 2019, situándose por debajo del máximo fijado por ley, que es de 30 días.
Esta radiografía de la situación financiera revela, por tanto, que el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz “está reconduciendo” el escenario descrito por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), -órgano de control interno del sector público estatal-, que en su informe definitivo de auditoría operativa para el período 2013-2017 alertaba de graves deficiencias procedimentales y debilidad económico-financiera.
La puesta en marcha desde verano de 2018 de un plan de saneamiento y estabilidad y un nuevo manual de procedimiento con las recomendaciones descritas por la IGAE “está viendo sus frutos en la mayoría de los indicadores de gestión citados”, se insiste.
Por ello, en la actualidad la Zona Franca (que acaba de ver como se frustra uno de sus proyectos mimados de los últimos años, la fábrica de motos de Torrot) “se encuentra en la senda de optimizar sus recursos para servir al tejido empresarial y poder cumplir sus objetivos estatutarios de favorecer el desarrollo socioeconómico de la provincia”, siempre bajo las premisas de que cualquier actuación que se acometa “responda a una planificación estratégica, viabilidad técnica y solvencia económica”.
