Expertos sobre el “derecho al agua” de diferentes ciudades del Estado español se han dado cita este fin de semana, 11 y 12 de noviembre, en el Palacio de Congresos de Cádiz, en las Jornadas sobre el Derecho Humano al Agua. Debates y Perspectivas en Andalucía, cuyo objetivo ha sido profundizar desde diferentes aspectos en la materialización del derecho humano al agua y al saneamiento en su sentido más amplio.
En este sentido, durante el sábado y el domingo se ha debatido en diferentes mesas sobre la necesidad de establecer un mínimo vital de consumo, sobre el acceso universal al agua, la participación, transparencia y rendición de cuentas de las empresas, así como sobre aspectos técnicos de la gestión que afectan a la eficiencia y sostenibilidad económica y ambiental del servicio prestado. La jornada terminaba con la firma y lectura de la llamada ‘Declaración de Cádiz’.
En la organización de este evento, impulsado por la Red Andaluza Nueva Cultura del Agua y Marea Azul del Sur, se han implicado la empresa municipal Aguas de Cádiz, la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla S.A. (EMASESA), Red Agua Pública (RAP), Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA), Ecologistas en Acción, Medina Global y la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (EMACSA).
Según apuntan desde el Ayuntamiento gaditano en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, las jornadas se han concebido como un espacio de diálogo que da continuidad a los trabajos realizados en anteriores encuentros organizados por la Red Agua Pública en ciudades como Madrid, Barcelona o A Coruña y que quieren servir para fortalecer la gestión pública y participativa de los servicios del ciclo integral del agua en el contexto de los derechos humanos.
LA ‘DECLARACIÓN DE CÁDIZ’
El domingo a mediodía la cita se clausuraba con la presencia del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu; el presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Abel La Calle; el presidente de Aguas de Cádiz y concejal de Medio Ambiente, Álvaro de la Fuente; y Leandro del Moral, miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua, que fue quien dio lectura a la ‘Declaración de Cádiz sobre el Derecho Humano y la Gestión Pública del Agua’.
En dicho texto, los alcaldes, organizaciones sociales, sindicales y operadores públicos presentes en estas jornadas celebradas en la capital gaditana manifiestan su compromiso “con una gestión pública, transparente, participativa y sostenible del ciclo integral del agua” y se comprometen a velar por la difusión y aplicación de una serie de “principios”, que son los siguientes:
– La Directiva Europea Marco del Agua sentencia en su primer preámbulo que “el agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal”.
– El abastecimiento de agua para el consumo humano y el saneamiento es un derecho humano que de acuerdo con Naciones Unidas, es indispensable para vivir dignamente siendo condición previa para la realización de otros derechos fundamentales.
– Consecuentemente con lo anterior, el Parlamento andaluz aprobó en el 2015 una moción que reconoce el acceso al agua como derecho humano, instando a garantizar un mínimo vital para todas las personas, excluyendo los cortes de suministro por motivos económicos o sociales, así como los cánones concesionales.
– Tal como se recoge en el Pacto Social por el Agua, entendemos, que la gestión de los servicios del agua tiene que ser pública, acompañada de nuevas formas de participación ciudadana efectiva que garanticen la transparencia, la información, la rendición de cuentas y el control social.
– En esa misma línea, rechazamos la privatización de los servicios del ciclo integral urbano del agua y apoyamos los procesos de remunicipalización que se están llevando a cabo en numerosas ciudades y pueblos.
– Sostenemos que la gestión del ciclo integral del agua puede y debe ser un yacimiento importante para la generación de nuevos empleos y mantenimiento de los ya existentes. Debe evitarse una precarización de las condiciones de trabajo y de la seguridad laboral, garantizándose la estabilidad de los puestos y las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras procedentes de las empresas privadas (o mixtas). Se proveerán los mecanismos necesarios para que las personas empleadas, usuarias y consumidoras participen en el funcionamiento, la gestión y la formulación de políticas del servicio.
– Las administraciones locales tienen la responsabilidad de adoptar las decisiones oportunas para asegurar la sostenibilidad del ciclo integral urbano, en el ámbito ambiental, económico, social, estructural y de gestión.
– Denunciamos la denominada Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en la medida en la que uno de sus objetivos claros es la privatización de los servicios de agua municipales.
– Apoyamos la constitución de una Red Andaluza de Personas Electas y Ciudadanía por el Agua 100% Pública que, mediante un funcionamiento horizontal, permita el acceso a la información y al conocimiento, la puesta en común de las experiencias existentes y la propuesta de actividades de interés común.
El manifiesto lo firman, además de Aguas de Cádiz: Marea Azul del Sur, Nueva Cultura del Agua, EMASESA, EMACSA, Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, Medina Global, Ecologistas en Acción, Universidad de Sevilla, Fundación Nueva Cultura del Agua, CCOO, Facua e Ingeniería sin Fronteras.
