“Ojalá me equivoque, pero preveo que por los obstáculos de la Junta, finalmente el 31 diciembre podremos decir que no se ha ejecutado ni un solo euro de los 2 millones de su presupuesto para 2023”. Lo ha vuelto a repetir el presidente de la Diputación, Juan Carlos Ruiz Boix, replicando al consejero de Universidad.
El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, en una reciente visita a Cádiz, ha vuelto a hablar del proyecto de Valcárcel, asegurando que la primera piedra de las obras de rehabilitación del histórico edificio de cara a su conversión en Facultad de Ciencias de la Educación se podrá este año; pero además, ha culpado a la Diputación de “mentir, crispar y embarrar la situación”.
Y no ha tardado en responderle el titular de la institución provincial, Juan Carlos Ruiz Boix, escéptico con las previsiones del gobierno andaluz de derechas: “espero que no sólo sea realidad la primera piedra, sino que la Junta invierta los 2 millones de euros que tiene pintados en sus presupuestos de 2023”.
“Ojalá me equivoque -ha añadido no obstante el también líder del PSOE provincial-, pero preveo que por los obstáculos de la Junta, finalmente el 31 diciembre podremos decir que no se ha ejecutado ni un solo euro de los 2 millones; Gómez Villamandos no conoce lo que es la gestión de una administración y luego seguro que pondrá todo tipo de pegas cuando no se pueda poner esa primera piedra”. Y opina que este anuncio cuando no existe ningún documento firmado que lo avale responde a que el Gobierno autonómico “no quiere resolver el problema de la universidad, sino cada vez empantanar más”.
Los reparos de Ruiz Boix, se detalla en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, se sustentan en el hecho de que la Junta rechazó suscribir a principios de año el convenio redactado por la Universidad de Cádiz (con el visto bueno de las otras dos partes, el Ayuntamiento y la Diputación) que regula el proceso de cesión, rehabilitación y puesta en funcionamiento de este edificio frente a La Caleta, propiedad de la institución provincial.
Al respecto, se recuerda que el convenio actual de Valcárcel (por el que se cedía Valcárcel a la UCA) está caducado y el nuevo no se ha firmado “por impedimentos y obstáculos de la Junta, teóricamente técnicos, que no son más que una decisión política de no invertir en la provincia de Cádiz”, insiste el presidente socialista.
“EL RESTO DE ADMINISTRACIONES ESTAMOS COMO ARTISTAS INVITADOS”
También ha querido Ruiz Boix desmentir la afirmación del consejero de que la Junta “es la única administración que ha puesto el dinero en su presupuesto” para este año. “La Diputación no solo ha planteado fondos (el 50% del coste del equipamiento) sino que ha ofrecido el mejor edificio con que cuenta en su patrimonio provincial (valorado en 31 millones), que se pone disposición (gratis) de la UCA. No ahora, sino que ya se hizo en el año 2017, por un período de 50 años. Ese bien ya se encuentra inscrito a favor de la Universidad de Cádiz, por lo que ya se ha realizado esa cesión”.
De este modo, cree fuera de dudas el compromiso de la Diputación con este proyecto que también respalda el Ayuntamiento (con una aportación de 5 millones) que permitirá el regreso a la capital de la Facultad de Educación, para que “fortalezca el cinturón universitario, sirva de palanca transformadora y dinamice la economía del barrio de la Viña”.
Además, ha enfatizado que la única administración competente en materia de universidad es la Junta: “el resto de administraciones estamos como artistas invitados”, por lo que invita al consejero a actuar y a que, repitiendo sus palabras, “que deje de mentir y crispar”.
El pasado octubre, en un encuentro celebrado en Sevilla, se alcanzó un acuerdo a cuatro bandas, entre la Junta, UCA, Diputación y Ayuntamiento, para desatascar esta operación, presupuestada en global en unos 50 millones. La Universidad se encargó de redactar un borrador de convenio que matizaron y aprobaron Ayuntamiento y Diputación, pero a finales de enero la administración autonómica ponía peros a los términos reflejados en el documento alegando aspectos técnicos, que han imposibilitado que aquel acuerdo verbal de otoño se haya formalizado a estas alturas. En principio, se habló de que a lo largo de 2026 se podría inaugurar la soñada facultad, pero el tiempo corre y más que ponerse ladrillos, continúan los rifirrafes políticos.
