Tras la reacción de los dos partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Cádiz, PSOE y Adelante Izquierda Gaditana, a los peros de la Junta de Andalucía con gobierno de derechas al acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario aprobado en el pleno municipal días antes de las elecciones de mayo (con la abstención del PP), ahora es el nuevo alcalde Bruno García el que ha dejado claro que su equipo de Gobierno “va a trabajar con los sindicatos del Ayuntamiento para dar respuesta al requerimiento de subsanación”.
El anterior equipo de gobierno liderado por José María González ‘Kichi’ consiguió sacar adelante el documento con el apoyo del 80% de la masa sindical (CCOO, UGT y Autonomía Obrera). Además, será casualidad, el día después de las elecciones, sabiéndose ya que el PP conformaría el nuevo Gobierno local, el principal sindicato de la Policía Local en Cádiz (UPLBA), se adhería también a este acuerdo regulador, que no se renovaba desde 2010.
Para la administración autonómica (competente para fiscalizar los convenios laborales en la administración pública), el problema global que tiene este acuerdo regulador 2022-2025 es que algunos de sus puntos y mejoras laborales amplían las condiciones que las normas estatales y autonómicas establecen para el personal funcionario. Se ha dado al Consistorio gaditano un mes de plazo para anular o adaptar a la legalidad el texto.
En la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, se revela que el pasado viernes, los sindicatos ya mantuvieron un encuentro con la concejala de Personal, Maite González, en el que se les dio cuenta del escrito de la Junta, y les avanzó que se iba a trabajar “de manera conjunta” para dar una respuesta a la administración andaluza.
“ASUMIMOS CON RESPONSABILIDAD EL ACUERDO AL QUE LLEGÓ LA REPRESENTACIÓN DE LA PLANTILLA CON EL ANTERIOR GOBIERNO”
“Queremos trabajar juntos porque asumimos con responsabilidad el acuerdo al que llegó la representación de la plantilla con el anterior equipo de gobierno”, ha añadido el alcalde Bruno García, pese a que su propio partido (junto a Ciudadanos) no respaldó el documento en el pleno.
A decir del primer edil popular, “con este planteamiento vemos que lo lógico es que los sindicatos firmantes estudien el requerimiento y demos una respuesta encaminada a salvar el máximo de puntos posibles de los que han sido requeridos. Es lo que normalmente se hace, y se hace con toda normalidad y sin politizar un asunto que es meramente jurídico y de adecuación a la normativa autonómica y estatal en materia laboral”.
Además, desde el Ayuntamiento se apostilla que el de la capital gaditana no ha sido el único acuerdo regulador al que la Junta ha puesto un requerimiento, ya que otros consistorios gaditanos también se han enfrentado a la misma situación, “como los de Barbate, Conil, Alcalá y Puerto Serrano”.
