“Si el Ayuntamiento de Cádiz no quiere escuchar, será la ciudadanía la que haga oír su voz”. Frente al silencio continuado del alcalde Bruno García (y el malestar de Cádiz Convive, plataforma de propietarios y gestores de pisos turísticos), desde este 15 de septiembre se pone en marcha la anunciada recogida de firmas para obligar a la administración municipal a convocar una consulta popular legal que permita “revertir el proceso de turistificación” de la ciudad.
El grupo promotor que está detrás de ‘La Consulta’ (integrado por personas vinculadas a Izquierda Unida, Podemos, Verdes Equo, Justicia Social, Alternativa Republicana y Recortes Cero) mantiene así su hoja de ruta después de que el Consistorio no haya respondido al requerimiento de colaboración institucional planteado hace mes y medio, con idea de “desarrollar la recogida de firmas con absoluta transparencia, buena fe y sometimiento al ordenamiento jurídico”.
Y de la misma manera, después de que el alcalde Bruno García haya ignorado el ofrecimiento a que fuera él, motu proprio, quien convocara dicha consulta popular, sin tener que obligarles a reunir unas 3.000 firmas entre los vecinos.
En la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, este grupo promotor considera que el silencio del Ayuntamiento “no puede servir para bloquear una demanda ciudadana que afecta directamente al futuro de Cádiz”, ya que interpreta que “existe un sentir mayoritario de querer recuperar la ciudad para quienes viven en ella”.
“La ciudad no puede seguir sometida a los intereses de una minoría que encuentra en la turistificación y la especulación una oportunidad de negocio mientras la mayoría ve cada vez más difícil seguir viviendo aquí”, se insiste.
En concreto, dicha consulta popular local (prevista en la legislación y en el Reglamento de Participación Ciudadana vigente) plantea que la ciudadanía se pronuncie sobre la adopción de medidas urbanísticas por parte del Ayuntamiento para retirar de la actividad aquellas viviendas de uso turístico (VUT) que incumplen el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Este paso “contribuiría a reducir la presión turística sobre determinadas zonas”, se sostiene. De hecho, en barrios del casco antiguo estos problemáticos pisos-negocio llegan a representar hasta el 15% del parque residencial.
“CÁDIZ ES, ANTE TODO, UN LUGAR DONDE VIVEN PERSONAS, NI UN PRODUCTO NI UN NEGOCIO”
Sus promotores recalcan que su propuesta de consulta popular tiene un doble objetivo: revertir la turistificación y profundizar en la participación democrática de la ciudadanía: “se trata de que las grandes decisiones sobre Cádiz no se tomen únicamente atendiendo a los intereses económicos de quienes quieren especular, sino escuchando a una mayoría que tiene algo tan básico que defender como el derecho a seguir viviendo en su propia ciudad”.
“Porque Cádiz no puede convertirse en un producto turístico ni en un mercado para la especulación inmobiliaria. Cádiz es, ante todo, el lugar donde miles de personas viven, trabajan, estudian y construyen sus proyectos de vida. Y son esas personas quienes deben tener voz a la hora de decidir qué ciudad quieren”, se defiende.
Por eso, para el grupo promotor (que en los últimos días se ha reunido con colectivos, asociaciones y sindicatos) esta recogida de firmas que ahora se activa supone también “una llamada a la movilización ciudadana”. Así, busca convertir estas mesas en espacios de encuentro y participación para quienes defienden una Cádiz habitable, con vivienda, servicios, barrios vivos y futuro para sus vecinos.
La primera mesa de recogida de firmas estará instalada este martes día 15, de 12 a 14 horas, en el barrio de El Pópulo, junto al Arco del Pópulo. A partir de ahí continuarán recorriendo distintos puntos de la capital, como la calle Ancha, el Palillero, el mercado de abastos o el ‘Piojito’ de los lunes, acercando la campaña a los barrios y espacios cotidianos. Y en paralelo, se siguen necesitando voluntarios para ayudar en estas tareas (AQUÍ).
