Autonomía Obrera insta al equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Cádiz a que “a la mayor urgencia” exija el cumplimiento de la legislación laboral a Sarquavitae, concesionaria del servicio a domicilio; y rescate este contrato “en los plazos más cortos posibles”, garantizando los empleos, “exterminando con ello la precariedad laboral, los despidos, los horarios abusivos y los agravios a estos alrededor de 200 trabajadores”, sin olvidar la “actual ausencia de fiscalización” del área de Asunto Sociales.
Autonomía Obrera insta al equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Cádiz a que “a la mayor urgencia” exija “en el máximo grado” el cumplimiento de la legislación laboral a la empresa que tiene adjudicada el contrato de servicio a domicilio, Sarquavitae, y rescate este servicio “en los plazos más cortos posibles”, garantizando los empleos, “exterminando con ello la precariedad laboral, los despidos, los horarios abusivos y los agravios a estos trabajadores”, sin olvidar la “actual ausencia de fiscalización” del área de Asunto Sociales “que debe realizarse de forma obligatoria”.
Por otro lado, este sindicato hace constar que en este servicio privatizado hay un comité de empresa (con representantes de CCOO y UGT) que, a su entender, “debe de estar a la altura de las circunstancias, y no debe de olvidar su papel de defensa de los trabajadores, tienen la obligación de demandar cuando es necesario y denunciar todo incumplimiento, agravio con los empleados, sin miedo y sin temor”; “en ningún momento debe ser aliado empresarial de los que están mutilando derechos tras derecho, que hasta a fecha de hoy el papel que ha realizado”, se insiste.
Al respecto, Autonomía Obrera relata en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que hace unos días se celebró vista en los Juzgados de lo Social de Cádiz, por una demanda presentada (por este mismo sindicato) contra Sarquavitae.
La demanda interpuesta viene argumentada en el incumplimiento de un acuerdo de jornada laboral para la totalidad de los trabajadores del servicio, “y que la empresa sólo aplica a unos pocos, es decir, beneficio para unos y discriminación para el resto”. Además, a este colectivo se le aplica el convenio provincial de limpieza de edificios y locales, “donde al contrario de lo manifestado por el letrado de la empresa no existe la categoría profesional de auxiliar de ayuda a domicilio, simplemente su equiparable al de peón de limpieza; curiosamente no se aplica el convenio del sector, es decir el estatal de ayuda a domicilio”.
Autonomía Obrera incide en que el argumento de esta adjudicataria para aplicar este convenio es “sorprendente”, al asegurar que es el que le insta por pliego el Ayuntamiento a aplicar, “toda una barbaridad jurídica, sorprendiéndonos que el Consistorio sea quien determine el convenio de aplicación”.
“Es una aptitud muy cobarde la estrategia jurídica de la empresa sobre una presunta falta de legitimación de nuestro sindicato en la denuncia, no le interesan que prospere denuncias de Autonomía Obrera, sobre situaciones que ha permitido el comité de empresa durante años, y en donde no existe ningún tipo de vigilancia sindical; la muestra, la falta de denuncias de incumplimientos en la últimas décadas que contrasta con la precariedad laboral a la que está sometido el colectivo”, se agrega.
En definitiva, Autonomía Obrera explica que “estamos ante un servicio que a través de subcontratas el Ayuntamiento lleva prestando desde hace 20 años, un servicio donde las condiciones de los trabajadores son precarias y en donde la empresa es una mera intermediaria de mano de obra directa”.
VIGILANCIA Y RESCATE
Por ello, ante dichas circunstancias y para no prolongar en el tiempo estas condiciones “nefastas” para los alrededor de 200 trabajadores del servicio a domicilio, este sindicato entiende que la administración local, “ahora bajo el mando de un gobierno de izquierdas, tiene la obligación no sólo de vigilar exhaustivamente por el cumplimiento de los mínimos derechos laborales de este servicio, exigiendo a Sarquavitae dicho cumplimiento, incluso sancionando si hace falta cuando se incumplen los mismos”.
Lamenta Autonomía Obrera que “hasta ahora” ni la concejala de Asuntos Sociales, Ana Fernández, ni el director de Asuntos Sociales, “están interviniendo en este servicio, sin fiscalización y permitiendo con su silencio que esta empresa vulnere continuamente los derechos del colectivo”.
En este contexto, este sindicato reitera su demanda de que el Ayuntamiento municipalice el servicio, “mejorando y dignificando las condiciones de los trabajadores, pues estamos ante un colectivo que es mano de obra directa y donde la empresa no es más que una intermediaria, interesada únicamente en el beneficio que le otorga un servicio que lo transforma en ánimo de lucro y como trampolín para coger otros como la residencia de mayores Micaela Aramburu”.
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