El PP en el Ayuntamiento de Cádiz cumplió su amenaza y a finales de marzo registraba en el Juzgado la papeleta de conciliación previa a la interposición de una querella contra el alcalde, su jefe de gabinete y su concejal de Medio Ambiente, por presuntos delitos de calumnias e injurias. Ahora se conoce que el 13 de mayo se verán las caras todas las partes, donde podrán mantener o retractarse. González Santos ya avanza que “daremos una respuesta contundente”.
El PP en el Ayuntamiento de Cádiz cumplió su amenaza y a finales de marzo registraba en el Juzgado la papeleta de conciliación previa a la interposición de una querella criminal contra el alcalde, José María González ‘Kichi’, su jefe de gabinete, José Vicente Barcia, y su concejal de Medio Ambiente, Manuel González Bauza, por presuntos delitos de calumnias e injurias “al imputarnos un delito de intento de envenenamiento”.
Ahora se conoce que el Juzgado de Primera Instancia de Cádiz ha citado a las partes para el 13 de mayo a las 10.30 horas a ese acto de conciliación previa a la tramitación, o no, de la querella.
La derecha local en el Ayuntamiento defiende su proceder al entender que Teófila Martínez, Ignacio Romaní “y en general el resto de miembros del anterior equipo de Gobierno” han sido acusados por dichos representantes del actual Ejecutivo de “contaminar a sabiendas al barrio de Loreto durante 14 días”. Algo que observa el informe elaborado meses atrás por la empresa municipal Aguas de Cádiz que tanto ha escocido a este partido, encargado por el nuevo Gobierno municipal, en el que aborda su propia gestión –entonces en manos del PP- durante aquel corte de agua de la barriada a finales de 2014.
Esta misma acusación, refutada por un contrainforme elaborado por los técnicos “que sí actuaron en los trabajos del corte de suministro en Loreto” –que el actual Gobierno local entiende que eran dos cargos colocados en la empresa a dedo por el PP, o sea, “juez y parte” en el oscuro asunto-, motivaba también al PP la petición de dimisión de González Santos como alcalde, previa destitución del teniente de alcalde de Medio Ambiente y de su asesor en la Alcaldía.
Romaní insiste en un breve comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz en que este acto de conciliación “es un paso previo para que González Santos, su asesor y González Bauza tengan que mantener o retractarse ante un juzgado de la barbaridad que dijeron. Acusar falsamente a alguien de contaminar a sabiendas al barrio de Loreto durante 14 días fue algo miserable, además de una mentira, y suponemos que González Santos no pensará que le iba a salir gratis. No se puede acusar de un delito de tal gravedad a alguien sin pagar las consecuencias. Ahora tendrá que mantenerlo o retractarse en un juzgado, y ahí es donde le estamos esperando”.
“NO VAN A CONSEGUIR AMILANARNOS Y LE DAREMOS UNA RESPUESTA CONTUNDENTE”
El alcalde de Por Cádiz sí se puede ya ha replicado que la respuesta del equipo de Gobierno a este acto de conciliación “será contundente en el Juzgado”. Y precisa que la citación recibida no corresponde a la admisión a trámite de la querella sino al acto de conciliación previa, “un acto que el juzgado está casi obligado a dar cumplimiento”.
“Este es un ejemplo más de la forma de actuar del PP, que van vendiendo querellas sin que las formalice sólo para machar la imagen o atacar”, lamenta José María González. Pero “no van a conseguir amilanarnos y le daremos una respuesta contundente en el juzgado, sin perjuicio de otras respuestas contundentes que podamos dar”.
El primer edil se ha mostrado tranquilo ante esta citación puesto que las declaraciones realizadas “se hicieron al amparo de un informe técnico elaborado de forma independiente”, un informe que “se llevó a la Fiscalía para que lo estudie”.
El concejal de Economía y Hacienda, David Navarro, aprovecha para referirse a episodios anteriores: “yo fui convocado a un acto de conciliación hace más de tres meses y desde entonces el PP no se ha pronunciado al respecto por lo que tampoco nos sorprendería que después del 13 de mayo no volvamos a saber de esto”. Los populares amenazaron a Navarro con demandarle a partir de unas manifestaciones en las que aseguró que el anterior Ejecutivo de Teófila Martínez había derrochado 4,2 millones de euros en publicidad institucional durante el primer semestre de 2011.
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