El Tribunal de Contratación Pública de la Diputación de Cádiz ha dictaminado en contra de la urgencia con la que el Ayuntamiento de la capital sacó a licitación el servicio de la limpieza de la ciudad y la recogida de basuras (el pliego se aprobó al fin en abril de este 2019 y se publicó en mayo). Este contrato lleva prorrogado desde el verano de 2016, cuando finalizó la última concesión en manos de Sufi-Cointer.
Ante esta resolución (tras la denuncia presentada por la asociación nacional de empresas de limpieza pública, Aselip), el concejal de Hacienda, José Ramón Páez, ha querido subrayar que “no afecta” a la elaboración del pliego de limpieza que cuenta con todas las garantías, “sólo implica sacar el documento a licitación por el procedimiento ordinario”.
A decir de este edil de Adelante Cádiz, el mismo dictamen “estima parcialmente uno de los recursos por el servicio jurídico de la Diputación, en concreto el recurso que se centra en los procedimientos a la hora de la publicación, pero a su vez, respalda el contenido del pliego y los costes salariales, por lo que nos aseguramos un aumento en las jornadas y los trabajadores”.
El Tribunal de Contratación Pública de la Diputación concluye que el proceso que se tenía que haber seguido por parte del Consistorio es el ordinario y no el urgente. “Es un error que asumimos y que cometimos ante la petición de una oposición que nos apeló y nos exigió que se llevaran a cabo los trámites con la mayor urgencia posible. Aun así, tras esto, el pliego ya se encuentra avalado tanto por los servicios jurídicos de la Diputación como los propios técnicos de la casa”, insiste el nuevo edil de Hacienda.
Pese a esta situación, ha puesto de relieve que el documento “cuenta con todos los avales técnicos por lo que este dictamen, lo que nos obliga, es a retrotraernos al momento de aprobación del expediente por procedimiento ordinario”.
Mientras tanto, “la continuidad del servicio está totalmente garantizada”. Para ello, se lleva al pleno ordinario de este mes, la continuidad del mismo (la última prórroga finaliza a finales de julio), “una medida que ya estaba contemplada antes de tener conocimiento de la resolución de la Diputación puesto que mientras que no entra en vigor el servicio con el nuevo pliego, la ciudad se seguirá limpiando con total normalidad como es lógico”.
De hecho, Sufi-Cointer (que asume este suculento contrato desde 2006), según el Gobierno local, “ya ha garantizado la continuidad del servicio y lo seguirá prestando en las mismas condiciones que hasta ahora, con las subidas de jornadas respecto al PP y con el aumento en el baldeo, con agua reutilizada y de forma sostenible”.
“SE PROLONGARÁ EL DETERIORO DE LA CIUDAD OTRO AÑO MÁS”
Mientras, el PP en el Ayuntamiento habla del “enésimo fracaso de Podemos en la gestión de la limpieza de la ciudad”, a raíz de este dictamen por parte del Tribunal de Contratación Pública de la Diputación, “lo que prolongará el deterioro de la ciudad otro año más al tener que iniciarse de nuevo la licitación. Algo que, evidentemente, perjudica a los gaditanos que llevan ya cuatro años con camiones y maquinaria obsoleta y sufriendo la falta de limpieza”.
Este partido de derechas aprovecha para asegurar que en el pleno extraordinario en el que se dio luz verde a la licitación de este servicio, pidió la retirada del punto que consistía en aprobar el inicio de licitación por vía de urgencia, “entre otras cosas, por la forma en la que se había llevado a pleno; por llevarlo a mes y medio de las elecciones tras cuatro años sin haber hecho nada al respecto”.
“Es precisamente lo que se argumenta en la resolución del Tribunal de Contratación Pública, si desde 2006 se sabe que el contrato en vigor termina en julio de 2016 y que como mucho contempla dos años de prórroga, como se puede decir en abril de 2019 que se hace por vía de urgencia con todo el tiempo que han tenido para hacerlo como marca la ley”, reflexiona el portavoz municipal popular, Juan José Ortiz.
Así, el principal partido de la oposición pide explicaciones al alcalde, José María González ‘Kichi’, sobre quién va a asumir las responsabilidades de este “nuevo desaguisado” en la tramitación de un expediente “al que vienen dándole vueltas desde 2015, cuando el objetivo era la municipalización del servicio”. “La resolución del Tribunal habla claramente de inactividad. Una inactividad que favorece que Podemos esté haciendo ganar mucho dinero a una de esas empresas que tanto criticaba el alcalde cuando era anticapitalista”, añade Ortiz. Una empresa que fue la que se contrató con el PP y Teófila Martínez en el Gobierno local.
Además, los conservadores entienden que el PSOE “pudo evitar en ese mismo pleno este error si hubiera apoyado la propuesta popular de retirada del punto”. “Los socialistas no sólo votaron en contra, sino que votaron a favor del inicio de expediente en las condiciones que han sido tumbadas por el Tribunal de Contratación Pública”.
“POR HACER AHORA LAS COSAS DEPRISA Y CORRIENDO”
De la misma forma, el otro partido de derechas en la oposición, Ciudadanos, ha denunciado que “la falta de diligencia” del equipo de Gobierno en este asunto. Para el portavoz naranja, Domingo Villero, “este es un ejemplo más de la nula capacidad de gestión que lleva realizando del contrato del servicio de limpieza desde el pasado mandato”.
En este sentido, Villero ha destacado que “vamos camino de la cuarta prórroga”, la segunda fuera de contrato ya que el servicio permitía diez años más otros dos de prórroga que finalizaban en 2018. Y coincidiendo con lo ya afirmado por el PP (acusa igualmente al Ejecutivo de “falta de previsión” e “incompetencia”), se queja de que esta situación “significa un nuevo retraso en la licitación del servicio al volver al inicio del proceso, lo que va a provocar que tengamos un servicio de limpieza no acorde con las necesidades de la ciudad, con una maquinaria vieja y contaminante que no se encuentra en las condiciones idóneas para llevar a cabo un servicio vital, lo que se nota en el estado en el que se encuentran las calles”.
La franquicia local de Cs insiste en lamentar esta situación “provocada” por el Gobierno municipal “al querer hacer ahora las cosas deprisa y corriendo después de que hayan pasado tres años desde que se realizara la primera prórroga. Es una irresponsabilidad por parte de Adelante Cádiz porque, ante un servicio tan complejo para su ejecución y sensible para la ciudadanía, es necesario hacer las cosas bien”.
