Uber acaba de anunciar que desde este 25 de julio ya opera también en gran parte del entorno de la Bahía de Cádiz, a partir de UberX, la controvertida plataforma (junto a otras como Cabify) que ofrece servicio de vehículo de alquiler con conductor (VTC). Esta multinacional norteamericana refuerza de esta forma la presencia con que cuenta en Andalucía, donde asegura que ya cubre casi la mitad de la población.
Y los taxis ya están temiéndose el efecto que podría tener este servicio sobre su negocio: la diferencia entre uno y otro es que tener licencia de vehículos de turismo con conductor habilita a realizar servicios precontratados y tarifas prefijadas, o sea, no pueden captar clientes en la calle ni en paradas autorizadas, como si hacen los taxis de toda la vida.
Al respecto, el alcalde de la capital gaditana, José María González ‘Kichi’, ya ha mostrado su respaldo al sector del taxi: “que sepan los taxistas gaditanos y sus familias que desde el Ayuntamiento vamos a defender y respaldar su sector. Frente al modelo de Uber que busca implementar la precariedad laboral y la elusión fiscal, nos posicionamos junto a los y las taxistas,”.
Asimismo, el primer edil de Adelante Cádiz aclara en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que su equipo de Gobierno ya lleva tiempo trabajando en la nueva ordenanza. Una ordenanza que marca dos objetivos: por un lado, proteger a los taxistas, recogiendo demandas históricas de estos trabajadores y facilitando su labor desde la institución. Y por el otro, limitar los VTC y su actividad en la ciudad, “exigiendo que estos servicios no regulados no puedan operar en Cádiz sin programación”. “De hecho, nos reunimos hace apenas dos semanas con los colectivos del taxi para recoger sus peticiones y preocupaciones”, ha apostillado.
González Santos insiste en que apoyarán, “como hemos hecho siempre”, a un sector público como el del taxi: “un sector que paga sus impuestos aquí, del que dependen más de 300 familias gaditanas y que contribuye al sostenimiento de la educación, la sanidad y las pensiones”.
“Defender al sector del taxi es defender lo público, algo que empresas como Uber buscan destruir para implementar un nuevo modelo económico basado en la precarización, recorte de derechos, evasión fiscal y privatización”, insiste.
En el pasado pleno del Ayuntamiento de Cádiz de septiembre de 2017, el equipo de Gobierno liderado por José María González ya llevó una propuesta, que fue aprobada, y en la que apoyaba al sector del taxi al tiempo que rechazaban la proliferación de las VTC. Entre otros aspectos, se proponía instar a la Junta de Andalucía a que consulte al Consistorio antes de conceder nuevas licencias VTC.
JEREZ Y SAN FERNANDO TAMBIÉN ‘APOYAN’ AL TAXI
Ante la llegada de Uber a la Bahía, los ayuntamientos de Jerez y de San Fernando también se han posicionado, expresando su “apoyo incondicional” a los profesionales del sector del taxi.
En esta línea, en Jerez, el concejal de Urbanismo, José Antonio Díaz, ha mostrado públicamente el respaldo del Ejecutivo local del PSOE a los profesionales jerezanos, indicando que “somos conscientes de la inquietud que ha provocado la llegada de esta empresa estadounidense a nuestro entorno”. Por este motivo, ratifica el apoyo a la Asociación Unión Jerezana Tele-Taxi Jerez, “entidad con la que venimos manteniendo desde el anterior mandato una relación de colaboración permanente con la finalidad de atender sus demandas, propuestas de mejoras y preocupaciones, especialmente ante la posible llegada de las VTC”.
Por este motivo, desde el Gobierno jerezano se anuncia que mantendrá contactos con ayuntamientos próximos, como el de Cádiz, “para hacer un frente común en defensa de los derechos de estos profesionales ante los posibles abusos de las VTC y abordar aspectos regulatorios de ámbito municipal que protejan la labor de los taxistas y del servicio público”.
El edil de Movilidad, Rubén Pérez, ya ha trasladado al presidente de Tele-Taxi de Jerez, Luis Gonzaga González, “la seguridad y tranquilidad de que tienen nuestro respaldo”, reafirmando así el compromiso con el sector.
Por su lado, el PP local sostiene que “desde el apoyo al libre mercado y a la libre competencia”, en estos momentos “los taxistas se encuentran en inferioridad de condiciones al estar sometidos a muchas más normas que las VTC”. “Pero una simple declaración de intenciones de apoyo a los taxistas no vale para nada si no va aparejada de una serie de medidas que protejan al taxi”, se añade. “No es que no queramos las VTC, pero estamos ante dos sistemas que trabajan en un mismo sector y con un mismo cliente pero con normas distintas, y ese desequilibrio de normas actualmente perjudican a los taxistas”, entienden desde la derecha.
En el caso de San Fernando, el Gobierno local del PSOE también ha evidenciado su apoyo al sector del taxi local: “defendemos la calidad del empleo, como ocurre con el sector del taxi en nuestra ciudad que dedica mucho esfuerzo a ofrecer el mejor servicio, mientras que los coches con licencia VTC están expuestos a condiciones laborales mucho más precarias por el formato de rentabilidad económica que su uso conlleva”.
A decir de la alcaldesa isleña, Patricia Cavada, “lo que está claro es que cada uno, taxistas y VTC, pertenecen a sectores distintos. Las exigencias, condiciones y legislación aplicable están diferenciada y eso es lo que hay que procurar y lo que piden los taxistas, que se cumpla con la ley”. “Mientras no existan esas condiciones, el Gobierno local en el ámbito de las competencias municipales será beligerante en el control a estos vehículos que tienen que cumplir con la ley”, ha subrayado.
Para la primera edil socialista, “las 68 familias que viven del taxi en nuestra localidad pueden estar tranquilas de que este Ayuntamiento va estar de su lado, puesto que cumplen una labor que en otros casos no se podría dar como cuando en un núcleo familiar se lleva a un miembro al Hospital no pudiendo contar con un coche para llevar a esa persona y valiéndose del servicio de taxi para llevarla”.
La precarización de los empleos es “notable y evidente” en los conductores que trabajan para plataformas como Uber y Cabify, “y esa es otra de las razones por las que se debe proteger el empleo del servicio público frente a quienes trabajan con falsos autónomos, abusan de los horarios de trabajo y no tienen la obligación de pasar las revisiones cada poco tiempo a la flota de vehículos, lo contrario de lo que ocurre en el taxi”, apuntan por su lado desde Podemos San Fernando, que demanda al Ejecutivo de Cavada que ponga en marcha las medidas que el sector del taxi ha pedido durante los últimos años: “nos referimos al nuevo local que sirva de centralita y lugar de encuentro, pero también a la cartelería informativa con las tarifas y los datos de contacto, los puntos de recarga de coches eléctricos y que las administraciones públicas garanticen que la proporción entre taxis y VTC se cumple tal y como marca la ley”.
