El colegio profesional de Trabajo Social de Cádiz denuncia el cese de la cuarta parte de la plantilla de la concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz. Se trata de 24 interinos adscritos al Plan Concertado cofinanciado por la Junta, el Ayuntamiento y el Estado que terminan su contrato en junio. De este modo, los cuatro centros de Servicios Sociales de la capital se verán “seriamente” perjudicados cuando además “el incremento de la demanda en los últimos años ha supuesto un colapso en dichas dependencias”.
El colegio profesional de Trabajo Social de Cádiz denuncia el cese de la cuarta parte de la plantilla de la concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz. Como ya se advirtió en su momento, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local –la reforma de la administración local impuesta por el Gobierno central del PP- “traería consigo el desmantelamiento progresivo de los servicios sociales, justo cuando la ciudadanía más lo necesita”. Se trata de 24 trabajadores interinos adscritos al Plan Concertado cofinanciado por la Junta, el Ayuntamiento y el Estado que terminan su contrato en junio.
De este modo, los cuatro centros de Servicios Sociales de la capital gaditana, el de la calle Zaragoza, La Paz, Hermanas Mirabal y La Laguna, se verán “seriamente” perjudicados por la falta de dicho personal ya que como señalan los trabajadores sociales afectados, “el incremento de la demanda en los últimos años ha supuesto un colapso en dichas dependencias que ahora, con este nuevo revés, se verá aun más incrementado”.
Actualmente la espera que tienen que soportar los ciudadanos para ser atendidos puede llegar a los dos meses y algunas zonas han tenido que cerrar por periodos el libro de citas por no dar abasto. Añaden desde el colegio profesional de Trabajo Social en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz que la atención “se está desbordando y son los trabajadores sociales los receptores de la angustia de los ciudadanos y son además quienes tienen que dar cuentas de la tardanza en la atención, en la gestión de prestaciones o en la falta de recursos”.
La situación de emergencia social dada a conocer por este colegio profesional y refrendada por las organizaciones sociales y benéficas que trabajan en la ciudad “pone de manifiesto la necesidad de dar respuesta urgente a las distintas problemáticas que se están viviendo, pago de alquileres, ayudas para los suministros de luz y agua, o alimentos”, se insiste.
SE ALERTA DE “LAS CONSECUENCIAS”
Con estos despidos, la gestión de estos recursos “va a retrasarse de forma considerable en perjuicio de la ciudadanía”. Asimismo, se verá afectada la puesta en marcha del recién aprobado por la Junta de Andalucía decreto de Inclusión que conlleva ayudas a la contratación, concesión de ayudas económicas familiares, programa de suministros vitales o el plan de garantía alimentaria, “en una ciudad muy dañada por el desempleo y las situaciones de pobreza y exclusión, que requiere de todas cuantas medidas alivien estas graves necesidades”.
De la misma manera, los trámites para acceder a las prestaciones por dependencia, “ya de por sí lentas e insuficientes a consecuencia de los recortes, se verán también retardadas por la falta de personal”.
En definitiva, este colegio profesional advierte de que la situación es “muy preocupante” y alerta de “las consecuencias” que este progresivo desmantelamiento de los servicios sociales puede acarrear en la ciudad. Por tanto se hace un llamamiento al acuerdo entre las distintas administraciones para garantizar el mantenimiento de un sistema que da cobertura a las necesidades fundamentales de la población.
