Casi cinco años después, la justicia ha declarado nulo el despido de la exconcejala socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Marta Meléndez, que trabajaba en un ente público de la propia Junta de Andalucía, ya que entiende que “se vulneró su derecho a participar en la vida política”. Ahora tendrá que ser readmitida en el puesto técnico que ocupaba en aquel momento.
“Me encontré en una situación incomprensible, mi partido, que me otorgó su confianza para ocupar el primer puesto en la bancada socialista del Ayuntamiento, me ponía de patitas en la calle”, señala ahora quien fuera candidata a la Alcaldía por el PSOE en 2011, y en las elecciones municipales de 2015 ya ni entrara en la candidatura conformada por su sucesor como líder de la formación local, Fran González.
Según el comunicado remitido por la propia Meléndez a DIARIO Bahía de Cádiz, el Tribunal Constitucional ha declarado que el despido que el ente público encargado de la gestión de las infraestructuras educativas y los servicios complementarios de la enseñanza, organismo dependiente de la consejería de Educación, realizó sobre la exconcejala socialista, “vulneró su derecho fundamental a participar en la vida política”, en base al artículo 23 de la Constitución. Este despido fue ejecutado en marzo de 2014 y Marta Meléndez ha litigado contra la consejería hasta el más alto tribunal y finalmente se le ha dado la razón.
La Agencia Pública Andaluza de Educación, antiguo ISE Andalucía, decidió computar los minutos que la política tuvo que ausentarse del puesto de trabajo que ocupaba para cumplir con las obligaciones del cargo electo que ostentaba en el Ayuntamiento, de conformidad con la Ley de Bases del Régimen Local.
La propia Meléndez explica sobre su situación que “un dirigente socialista, director general de la consejería de Educación, firmaba el despido, y otra dirigente socialista, Natalia Álvarez Dodero (igualmente exconcejala) que ostentaba el cargo político de gerente de ISE en Cádiz, me entregaba la carta del despido”, iniciándose lo que ella define como “una persecución política sin precedentes”.
“Algún dirigente local organizó mi despido, en una muestra más de lo que se es capaz de hacer, utilizando las instituciones para su particular venganza política”, llega a afirmar la exedil. “Algunos tendrán que asumir responsabilidades políticas, puesto que urdir un plan al más puro estilo siciliano, utilizar las instituciones con fines espurios, aplaudir que a una compañera de partido se le aplique la reforma laboral del PP y se le despida por cumplir con sus obligaciones como concejala, no debe salir gratis”, apostilla.
Marta Meléndez fue candidata a la Alcaldía de Cádiz en mayo de 2011 (sucediendo a Rafael Román) y portavoz municipal socialista hasta octubre de 2012, fecha en la que dimitió tras perder las elecciones a la secretaría local del partido en Cádiz, en las que se imponía Fran González.
“SE ABRÍA UN PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL MUY PELIGROSO PARA CUALQUIER CIUDADANO”
El Tribunal Constitucional ha sido categórico, declarando nulo ese despido, señalando que se vulneró su derecho a participar en la vida política. Pero el tribunal ha ido más allá, al advertir que se ve en la obligación de pronunciarse por la “trascendencia general” que puede tener este despido para cualquier ciudadano que quiera formar parte de una lista electoral.
“Ese ha sido el principal motivo por el que he litigado hasta el Constitucional”, sostiene Meléndez. “mis ‘compañeros’ de partido me aplicaron la reforma laboral del PP, y eran plenamente conscientes de que con ello abrían un precedente jurisprudencial muy peligroso para cualquier ciudadano, aun cuando el despido fuera calificado de improcedente, y todo para intentar desprestigiarme públicamente en el plano personal y profesional”, reflexiona Meléndez.
En este punto, lamenta que ningún miembro de la dirección local del partido socialista “salió en mi defensa, aún cuando el motivo aducido por el ente público fueron mis ausencias justificadas por asistencia a los plenos, a las comisiones informativas y a los consejos de administración de las empresas municipales de las que era consejera”, un silencio “muy sospechoso que mantuvo incluso el portavoz socialista del Ayuntamiento (que entonces ya era González)”, recuerda la exconcejala.
Finalmente, Marta Meléndez ha querido agradecer el apoyo de sus amigos, familiares y de su abogado, Diego Bernal Caputto, que “en estos cinco años no han dejado de creer que la situación laboral a la que fue sometida era injusta”.
