Los ayuntamientos de Barcelona, Córdoba, A Coruña, Madrid, Zaragoza, Santiago de Compostela, Valencia y Cádiz se han reunido este jueves en la capital catalana, donde han suscrito la llamada Declaración de Barcelona sobre financiación y fiscalidad local. Reclaman al nuevo Gobierno central de Pedro Sánchez un sistema “estable y suficiente” de financiación de las administraciones locales, que permita garantizar derechos sociales básicos.
Con este encuentro, estas ciudades, entre las que están las principales del Estado (actualmente con autodenominados gobiernos ‘del cambio’ o del PSOE), reeditan el frente común que ya se visualizó en las Jornadas Municipalistas por un Financiación Justa celebradas en febrero de 2017 y que culminaron con la Declaración de València. En ella, denunciaban el actual modelo insostenible que limita la capacidad de acción municipal y que dificulta que los ayuntamientos puedan garantizar derechos básicos y servicios públicos esenciales en sus municipios.
Ahora, esta Declaración de Barcelona, recoge las principales demandas de los municipios, a través de cambios normativos, que permitan garantizar “un sistema estable y suficiente de financiación local que garantice la cobertura de las necesidades de sus ciudadanos en el marco de las sus competencias”.
Por ello, según se ha trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz, en este manifiesto conjunto, reclaman revisar los efectos de la aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad Local (conocida como ley Montoro), que “ha supuesto un grave retroceso en la autonomía local y en la suficiencia financiera de los municipios”, así como flexibilizar la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria con respecto a la aplicación de la regla de gasto y establecer el cómputo del déficit/superávit, y la evaluación de su cumplimiento, por períodos plurianuales.
PROPUESTAS HACIA LA “SEGUNDA DESCENTRALIZACIÓN”
Para poder recuperar la capacidad de gobernar sus respectivas haciendas, estas nueve ciudades, incluida la capital gaditana, que ha estado representada en este encuentro por el concejal de Economía y Hacienda, David Navarro, proponen una nueva redacción de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local que suponga un avance hacia la “segunda descentralización” con el objetivo de conseguir gestionar hasta el 25% del gasto público global.
De este modo, para que los municipios españoles tengan la capacidad de involucrarse en la obtención y aplicación de sus recursos financieros y puedan organizar libremente su gasto, la Declaración de Barcelona sobre financiación y fiscalidad local propone: (por la vía de la participación en impuestos estatales) establecer un sistema transparente de participación en los tributos del Estado que permita una planificación presupuestaria estable, y desarrollar de forma efectiva sistemas de participación en los ingresos de la comunidad autónoma respectiva; (y a través de los impuestos locales) ampliar el espacio tributario local, con la posible incorporación de nuevas figuras tributarias y la dotación de un mayor ámbito de autonomía normativa en el conjunto de los tributos, y mantener del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) como figura principal de los impuestos locales pero con la introducción de modificaciones, abordar con carácter urgente la reforma de la Ley 49/2002, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, adaptándola al artículo 107 del Tratado de la Unión Europea, y el establecimiento de un mecanismo de compensación automático vinculado a la reducción de la recaudación derivada de la aplicación de normas de rango superior.
