La Fundación Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Cádiz anunciaba hace un año la puesta en marcha de una prueba piloto con la adquisición de 30 licencias de una aplicación móvil (App) diseñada por una firma andaluza para recopilar y certificar pruebas legales válidas en casos de violencia de género.
Dicha App Ward, desarrollada por Innovasur y que se iba a distribuir con la colaboración de la Policía Local, tiene una interfaz camuflada y con pulsar un botón inicia la grabación cuando se percibe que pueda llegar a producirse una agresión o un acto de violencia machista. Asimismo, también dispone de un mecanismo que remite un mensaje a un número de confianza, desde el que se alerta de que la usuaria puede encontrarse en una situación en la que requiere de ayuda.
Sin embargo, ahora se ha conocido que finalmente el Ayuntamiento no ha podido utilizar esta herramienta por no ajustarse a la normativa vigente en materia de protección de datos personales, tal y como ha señalado el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.
Y ante las críticas de la oposición, el Gobierno local del PP ya ha aclarado que la adquisición de estas licencias “no ha supuesto coste alguno para el Ayuntamiento, ya que dicho servicio no se ha ejecutado” debido a ese informe técnico del Consejo de Transparencia.
“SEGURIDAD JURÍDICA Y CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD”
Al respecto, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz la concejala de Igualdad, Virginia Martín, señala que desde la Fundación y el Ayuntamiento “estamos siempre abiertos a explorar herramientas innovadoras que amplíen la protección a las víctimas y refuercen la prevención de la violencia de género, pero debemos hacerlo siempre con el compromiso de garantizar la seguridad jurídica y el cumplimiento de la legalidad”.
Por esa razón, la implantación de esta App se condiciona al cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos y, en cuanto se efectuó requerimiento de oficio por parte del Consejo de Transparencia, “el equipo técnico municipal decidió con total responsabilidad no ponerla en marcha, en función a dicho requerimiento del Consejo que indicaba que no se cumplían las garantías legales necesarias”.
En este punto, esta concejala popular defiende que la Fundación Municipal de la Mujer “mantiene una línea constante de trabajo con rigurosidad, planificación y apoyo en la innovación, formación y educación en materia de igualdad”. “Reiteramos nuestro compromiso firme y sostenido con la igualdad y la protección de las víctimas de violencia de género, actuando siempre con rigor, responsabilidad y pleno respeto a la legalidad en todas sus iniciativas”, sentencia.
AIG INSISTE EN CRITICAR LA “POLÍTICA DE TITULARES”
Horas antes de la matización del Ejecutivo de Bruno García, Adelante Izquierda Gaditana lamentaba este “nuevo bandazo” del PP, “y más aún cuando hablamos de algo tan serio como es la violencia machista”.
Y es que para la concejala izquierdista Lorena Garrón, antes de realizar una inversión con dinero público (que cuantifica en 4.000 euros) el Consistorio debería haber efectuado las consultas necesarias para comprobar la idoneidad y conformidad jurídica de la herramienta: “pero el problema es que Bruno García, como viene demostrando en estos tres años, gobierna la ciudad a golpe de anuncios, anteponiendo siempre los titulares a una gestión rigurosa y responsable”.
Es más, para este partido de la oposición, lo que ha ocurrido con este programa pone en evidencia la forma en la que el Gobierno derechista está abordando la lucha contra las violencias machistas.
“No afronta este problema desde la raíz; no se apuesta por políticas de prevención ni por iniciativas pedagógicas dirigidas a la población más joven y a los propios hombres, sino que se saltan todos los pasos y se centra únicamente en el último eslabón del problema”, recalca Garrón.
