Adelante Izquierda Gaditana ha puesto el foco en el “incumplimiento flagrante” del Reglamento Ético y de Buen Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz por parte de la popular Ana Sanjuán, la concejala de Vivienda, en el asunto de la venta del suelo municipal de las Casitas Bajas a través de Procasa. Y es que su marido forma parte del entramado de empresas del sector inmobiliario y de la construcción vinculado a esta parcela.
Para argumentarlo, se hace referencia al artículo 11 de dicho documento, aprobado por unanimidad (también por el PP) en el pleno en junio de 2023. Dicho artículo recoge que se produce un conflicto de interés cuando existen intereses particulares en una operación, entendiendo por particulares tanto los propios como de familiares directos, “como es claramente la persona cónyuge”.
Al respecto, el portavoz municipal de AIG, David de la Cruz, incide en que con la venta de los aprovechamientos municipales de la parcela de Casitas Bajas a través de la empresa municipal Procasa “se podría beneficiar una promotora perteneciente a un grupo de empresas vinculadas con el marido de la concejala de Vivienda y presidenta de Procasa”.
Y en este sentido, el punto 5 del mencionado artículo especifica que para evitar que se produzcan situaciones de conflicto de interés, “las personas comprendidas en el ámbito subjetivo del Reglamento deberán inhibirse de participar, directa o indirectamente, en la adopción de las decisiones en los asuntos que lo provoquen y que puedan desviarlas del cumplimiento del interés público y de los intereses de la ciudadanía gaditana en su conjunto”.
Es por ello que, para De la Cruz, “la única forma de la edil Ana Sanjuán de inhibirse directa o indirectamente es dejando la concejalía”. “Por muy transparente que se haga la operación, existe un conflicto de intereses que es incuestionable”, ha subrayado. Y ha acusado al alcalde Bruno García de ser “el responsable de este conflicto de intereses” al ser el encargado del reparto de las áreas de su equipo de Gobierno.
Si tras esta denuncia pública del incumplimiento del Reglamento Ético y del Buen Gobierno no se produce una “reestructuración” en el Ejecutivo gaditano, “tendremos que llevar el cumplimiento del documento al pleno de marzo. Damos margen porque no queremos llegar a ese punto, pero vamos a ser inquebrantables con esta cuestión”, ha advertido este concejal izquierdista. Mientras Izquierda Unida (que forma parte de la coalición AIG), sí ha exigido estos días el “cese de forma inmediata” de Sanjuán.
Y SIGUE SIN CONSTITUIRSE EL CONSEJO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO
Por su parte, la portavoz adjunta de AIG, Helena Fernández, ha insistido en la necesidad de cumplir con el Reglamento “no sólo por ser de obligado cumplimiento, sino porque si no lo hacemos va en detrimento del propio Ayuntamiento de Cádiz, de la institución municipal en sí misma, alejándonos de un buen gobierno y, con ello, de la ciudadanía a la que representamos”. “Y es que estamos hablando de un Reglamento tan básico que es lo mínimo que podemos hacer, debemos cumplirlo a rajatabla, sin que quede el más mínimo resquicio de duda”, ha apostillado.
Es por ello que ha lamentado tener que recordarle al equipo de Gobierno del PP la existencia de este documento, “tras encontrarnos un claro caso de incumplimiento del mismo en la concejalía nada menos que de Vivienda, que es uno de los problemas más graves, junto con el desempleo, que afecta a esta ciudad”.
Por último, Fernández ha reclamado al concejal de Transparencia, José Carlos Teruel, “puesto que es su competencia” que “lleve a cabo la necesaria constitución del Consejo de Ética y Buen Gobierno, tal y como recoge el Reglamento”. “Tras casi dos años que llevan ya gobernando, no hemos tenido hasta el momento ninguna novedad sobre este asunto”, ha lamentado.
