Un joven de 21 años de edad con un 85% de discapacidad y dependencia absoluta, vecino de Cádiz, permanece en situación de confinamiento forzoso en su domicilio desde hace más de cuatro meses, al no estar en funcionamiento el ascensor.
Vive en el bloque de viviendas protegidas de la Junta de Andalucía en la calle Nelson Mandela, gestionado por la empresa municipal Procasa, de ahí que Adelante Izquierda Gaditana haya querido darle altavoz a esta “grave situación”.
“Es inadmisible que una persona con dependencia absoluta lleve meses encerrada en su casa por la inacción de Procasa”, subraya el portavoz municipal de AIG, David de la Cruz; mientras que la portavoz adjunta, Helena Fernández, añade que “garantizar el funcionamiento del ascensor en este caso no es una opción, es una obligación legal y moral”.
Desde diciembre de 2025, las zonas comunes del edificio, incluido el ascensor, carecen de suministro eléctrico debido al impago de la comunidad. Esta circunstancia impide que el joven pueda salir de su piso, ya que su grave insuficiencia respiratoria le imposibilita subir o bajar escaleras, “convirtiendo su hogar en una auténtica cárcel”, remarcan desde este partido de la oposición en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
EL ALCALDE CONOCE EL CASO, PERO…
Fernández y De la Cruz han acudido al bloque para conocer el caso de primera mano y mostrar su apoyo a esta familia. La madre del joven, Encarnación C., lamenta profundamente esta situación e insiste en que no está solicitando ningún tipo de servicio gratuito, sino que el Ayuntamiento, a través de Procasa, cumpla con sus competencias: gestionar los cobros de la comunidad y garantizar unas condiciones mínimas de accesibilidad en el inmueble.
Asimismo, ha denunciado la falta de respuesta del alcalde Bruno García, quien se comprometió el pasado mes de marzo a dar una solución tras mantener una conversación directa con ella y recibir pruebas gráficas del estado del edificio, según ha comentado la propia Encarnación.
Sin embargo, desde entonces, se queja de que Alcaldía ha ignorado de manera sistemática todos los correos electrónicos remitidos, en los que se evidencian problemas de insalubridad e incluso riesgo de incendio en el bloque.
“EMERGENCIA SOCIAL Y SANITARIA”
Desde AIG se insiste en que se trata de “una emergencia social y sanitaria de primer orden”, y por ello reclama a Procasa que actúe de urgencia, como ya hizo en anteriores ocasiones en situaciones similares, y asuma la resolución del problema por motivos de salud pública, garantizando el funcionamiento del ascensor.
Además, se critica la inacción del Gobierno local del PP y, en particular, del Bruno García, “quien se autoproclama como el alcalde más social, pero que en casos como este ni está ni se le espera”.
Desde la coalición izquierdista se precisa que la propiedad del inmueble corresponde a la Junta a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) mientras las viviendas son gestionadas por el Ayuntamiento a través de Procasa. Tras esta visita, se incide en el “abandono” por parte de ambas administraciones en un edificio de siete plantas donde residen 14 familias y que lleva más de cuatro meses sin suministro eléctrico en sus zonas comunes y con una notable falta de mantenimiento.
Entre otras deficiencias detectadas, destacan que la puerta de entrada carece de pomo y no cierra correctamente, la casapuerta presenta boquetes en paredes y techos, existen estancias ocupadas de forma irregular como el cuarto de contadores, o el cristal situado sobre la puerta de acceso se encuentra suelto.
AIG sentencia que no cesará en su labor de denuncia y exigencia hasta que se dé “una solución inmediata” a esta situación, “garantizando los derechos básicos, la dignidad y la seguridad de todas las personas residentes, y especialmente de aquellas en situación de mayor vulnerabilidad”.
