Diferentes colectivo y asociaciones han arropado a Sonia y a Estefanía con una concentración frente a la sede en Cádiz de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), adscrita a la consejería de Fomento de la Junta, para exigir la paralización de los desahucios inminentes de estas dos mujeres en situación de vulnerabilidad a las que dicha empresa pública pretende dejar a la calle sin alternativa habitacional y sin haber accedido a negociar.
Sonia, que tiene dos hijos, lleva casi una década pagando el alquiler de una vivienda pública adjudicada originalmente a su abuela fallecida, con recibos que lo acreditan y un informe de vulnerabilidad de Servicios Sociales (percibe el Ingreso Mínimo Vital), y lleva nueve años esperando una regularización por parte de la empresa municipal Procasa que nunca llega.
A pesar de ello, AVRA le ha comunicado en varias ocasiones que debe abandonar el inmueble. “Se niegan a negociar conmigo a pesar de haber pagado cada uno de los recibos del alquiler”, lamenta la afectada.
A su vez, Estefanía, con tres hijos menores, pareja con problemas de salud mental y uno de los niños con necesidades educativas especiales acreditadas, ocupa de forma irregular una casa que AVRA mantenía vacía desde hacía más de dos años “ante la imposibilidad de acceder a una vivienda digna y tras agotar otras alternativas”, y lleva seis años inscrita en las listas de Procasa sin respuesta.
“Lo único que hemos recibido por parte de las administraciones -relata Fani- son negativas y burofaxes. Incluso han llegado a enviar a dos policías de paisano para generar miedo a mi familia”.
“Hemos querido presentar dos cartas firmadas por los vecinos de nuestros edificios, en las que expresan su apoyo hacia nosotras, pero AVRA no ha querido ni siquiera leerlas”, han incidido ambas afectadas, mostrando las hojas repletas de firmas de quienes defienden que puedan permanecer en estos pisos públicos.
SE PIDE UNA MESA DE NEGOCIACIÓN
En este punto, las organizaciones concentradas (el Sindicato de Inquilinas de Cádiz, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Facua, la Plataforma de Vecinos y Amigos del Pópulo y Mujeres de Acero) reclaman la paralización inmediata de cualquier procedimiento de desahucio contra Sonia y Fani, así como la regularización de su situación habitacional.
Para ello, exigen en primer lugar que se habilite una mesa de negociación con ambas familias y representación del Sindicato de Inquilinas. Al tiempo que hacen un llamamiento a la ciudadanía a seguir movilizándose “con el objetivo de visibilizar estos casos y defender el derecho a la vivienda como un derecho fundamental”, se subraya en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
UN CASERO PÚBLICO QUE DESAHUCIA, CON VIVIENDAS VACÍAS
Ambos casos reflejan la situación de “emergencia habitacional y vulnerabilidad que sufren numerosas familias trabajadoras gaditanas”, algunas de las cuales llevan años esperando una solución por parte de unas administraciones que no han dado respuesta. Asimismo, ponen de manifiesto las carencias del sistema público de vivienda, que, “lejos de garantizar la protección de la población más vulnerable, dificulta los procesos de negociación y mediación”, manifiestan las entidades concentradas.
Desde el Sindicato de Inquilinas se subraya al respecto que “existe una clara contradicción entre la función social que deberían cumplir las viviendas públicas gestionadas por las administraciones y la realidad que afrontan muchas familias: desahucios, situaciones de abuso y desprotección institucional”.
Y al mismo tiempo que se inician procedimientos de desahucio contra estas dos familias, esta empresa pública de la Junta “mantiene decenas de viviendas vacías” en distintos barrios de Cádiz, al igual que la municipal Procasa. Todo ello, además, “mientras la ciudad pierde población año tras año y muchos gaditanos se ven obligados a marcharse”.
