La Asociación Gaditana de Fibromialgia, junto a asociaciones, colectivos y federaciones de todo el país que prestan sus servicios a personas que sufren esta patología, desde hace unos días está recogiendo firmas buscando apoyo a la proposición de Iniciativa Legislativa Popular para la protección social de los enfermos de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica-encefalomielitis miálgica; enfermedades desconocidas, crónicas y sin cura, y que tienen efectos invalidantes.
La Asociación Gaditana de Fibromialgia (Agafi), junto a asociaciones, colectivos y federaciones de todo el país que prestan sus servicios a personas que sufren esta patología, está recogiendo firmas desde hace unos días buscando apoyo a la proposición de Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la protección social de los enfermos de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica-encefalomielitis miálgica, que recoge la protección del Estado hacia estos enfermos, garantizando una adecuada protección por parte de la Seguridad Social, y el impulso en la investigación y tratamiento de dichas enfermedades; y que pueda ser debatida en el Congreso de los Diputados. Se necesita alcanzar las 500.000 firmas.
Esta ILP incluye también, entre otras disposiciones, la inclusión de estas patologías en el baremo de las lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo y no invalidantes causadas pro accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
La proposición tiene como objetivo la protección sociolaboral, económica y de la salud de las personas afectadas por estas enfermedades desconocidas, crónicas y sin cura; y que tienen efectos invalidantes para el trabajo y las tareas cotidianas, lo que conlleva una difícil situación de las personas que la padecen en la esfera laboral, social, familiar y económica.
Se estima que en España el 2,4% de la población mayor de 20 años está afectada por fibromialgia, y alrededor del 0,5% de la población general sufre síndrome de fatiga crónica-encefalomielitis miálgica.
Estos enfermos se tienen que enfrentar cada día a una incomprensión e incredulidad en su entorno social, pero sobre todo en el ámbito laboral, a lo que se suma la falta de apoyo institucional. Existe una gran cantidad de trabas burocráticas a la hora de conseguir el reconocimiento de un grado de minusvalía, solicitar ayudas a la dependencia o solicitar prestaciones económicas derivadas de los distintos grados de incapacidad permanente y, en su caso, de lesiones permanentes no invalidantes. DIARIO Bahía de Cádiz
