“Cádiz es una de las grandes damnificadas de la política educativa de la consejería de Educación de la Junta. Será casualidad que el Gobierno de las derechas ataque especialmente a la ciudad”. Es una de las reflexiones que ha dejado este jueves el parlamentario andaluz por Cádiz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, que ha ofrecido una rueda de prensa en el Ayuntamiento de la capital junto a la edil de Educación, Ana Fernández.
Ambos han denunciado “el maltrato y el desprecio” con el que el Ejecutivo autonómico está tratando a la educación pública en la provincia gaditana, con el cierre de 53 líneas educativas de cara al próximo curso, y cinco de ellas en la capital.
“Hemos venido mostrando nuestro total apoyo y respaldo a las reclamaciones y las reivindicaciones de la comunidad educativa, tanto de Ampas como de profesorado, de centros como el colegio La Inmaculada y los institutos Drago, Rafael Alberti y San Severiano. Este último incluso con 11 familias reclamando escolarizar a sus hijos mientras desde Educación se cierran líneas y se les da largas”, ha recordado la concejala morada, que se ha mostrado contundente al afirmar que la educación “es un derecho, no un negocio. Y las familias tienen derecho a una educación pública y gratuita de calidad. Ésa debe ser la primera obligación de la Junta, garantizar y asegurar ese derecho. Pero parece que no está en sus prioridades, al menos no lo están demostrando, dejando bien claro su modelo educativo”.
Al respecto, el parlamentario de Adelante ha manifestado su preocupación ante los hechos, señalando que la consejería, “que está en manos de Ciudadanos, está llevando a cabo un proceso sistemático de desmantelamiento de la educación pública en toda Andalucía; es un proceso que inició el Gobierno del PSOE, aunque en los últimos meses se está acelerando, y de manera significativa en la ciudad de Cádiz”.
Este representante en el Parlamento andaluz de la confluencia de Podemos e IU también ha abundado en la “apuesta clara” del actual Gobierno de la Junta de Moreno Bonilla “por la educación privada y concertada”, que se traduce en “desprestigio y desmantelamiento de la enseñanza pública”, y en “un aumento de la financiación destinada a la educación privada concertada de un 6%, esto es, 51 millones de euros más que se regala a la patronal de los centros privados”.
“A la vez que recortan un 50% en el arreglo y construcción de infraestructuras educativas y se eliminan líneas de este modelo educativo, se aumenta la financiación de los centros privados y concertados. Esto no tiene otro nombre que un ataque a la escuela pública, y en Cádiz lo estamos sufriendo casi más que en ningún sitio”.
En este punto, ha considerado incluso que el delegado territorial de Educación en Cádiz. Miguel Andreu, “debe irse”, al no dar solución a los alumnos de bachillerato en la capital que a estas alturas no tienen plaza en el instituto que han elegido: “un Gobierno está para garantizar el derecho de la educación pública, y si no lo hace, este delegado no sirve para sus funciones”.
Por otra parte, José Ignacio García ha indicado que desde el Parlamento, ante el “cierre sistemático” de líneas públicas, Adelante Andalucía presentó, hace dos semanas, una propuesta trabajada con la Flampa de Cádiz para que se paralizara este cierre de cara el nuevo curso:”pero PP, Cs y Vox votaron en contra: el PP y Ciudadanos de Cádiz deben dar explicaciones, y decir por qué apoyan el cierre de líneas públicas en esta ciudad”, ha añadido.
Adelante Andalucía también ha presentado un paquete de enmiendas a los presupuestos de la Junta para 2019, por aprobarse, en defensa de la escuela pública y que se votará la semana que viene, con 83 millones para la provincia gaditana de aumento de financiación para la escuela pública, y 51 de ellos para las infraestructuras educativas.
“En Cádiz capital la educación pública empieza a tener el peligro de no ser mayoritaria, por lo que hemos presentado un plan de rescate de los centros públicos destinado a la mejora de las infraestructuras, al aumento de la dotación de personal docente y mejorar y garantizar servicios extraescolares como el comedor”. Este plan ha sido cifrado en 21 millones, y García espera que salga adelante: “si votan en contra tendrán que dar explicaciones en la ciudad de por qué quieren seguir cerrando líneas y no quieren que haya más dinero para los centros públicos de Cádiz”, ha concluido.
Mientras, la concelaja de Educación ha vuelto ha incidir en que el equipo de Gobierno local sigue a la espera de una respuesta del consejero de Educación, Javier Imbroda, a quien el alcalde, José María González ‘Kichi’, remitió una carta solicitándole una reunión para tratar la situación de la educación pública en la ciudad.
