La agrupación Bomberos Unidos ha pedido formalmente la paralización de las obras del Parque de Bomberos de Chiclana “hasta que se justifique técnicamente su seguridad”.
El Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz anunciaba días atrás la adjudicación de las obras de remodelación de los parques de El Puerto de Santa María y Chiclana “para crear unos espacios de trabajo más modernos y mejorar las condiciones laborales del personal”.
Y en el caso concreto de Chiclana, este proyecto contempla, principalmente, mejoras en la urbanización exterior, los taludes y cerramientos, así como en los aseos de la planta baja y otras zonas comunes, con un presupuesto de menos de 253.000 euros y un plazo de ejecución de unos seis meses.
Sin embargo, este paso no ha sido bien recibido Bomberos Unidos (con mayoría social en el Consorcio y conformada por las centrales sindicales SBC, SAB y CSIF), que considera “irresponsable” seguir adelante con una reforma que no aclara previamente si este edificio, en el polígono industrial de Pelagatos, “cumple las condiciones mínimas exigibles” para un centro de trabajo con guardias de 24 horas, zonas de descanso y vehículos diésel en el mismo inmueble.
SE EXIGE LA SEPARACIÓN ENTRE COCHERAS Y ZONAS DE ESTANCIA
Así, este sindicato ha solicitado la paralización cautelar de las obras previstas hasta que el Ayuntamiento y el Consorcio de Bomberos acrediten, “con informes técnicos serios y por escrito”, que la reforma proyectada corrige los problemas “esenciales” de seguridad, salubridad y prevención de riesgos laborales “que han generado multitud de requerimientos de la Inspección de Trabajo”.
En la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz se advierte de que los parques conocidos oficialmente como modelo ‘Doble Negativo’, como el chiclanero, “parecen haber sido bautizados con una sinceridad involuntaria: doblemente negativos, porque resultan negativos para la salud de los bomberos que trabajan y descansan dentro de ellos, y negativos para la ciudadanía, que merece instalaciones seguras, eficaces y plenamente operativas para un servicio esencial”.
Es más, Bomberos Unidos recalca que estos modelos “no cumplían adecuadamente ni antes del Código Técnico de la Edificación (CTE) ni después”. Y la excusa de que son parques anteriores al CTE “no puede servir para tapar una realidad básica: antes ya existían exigencias de separación entre cocheras y zonas de estancia, y después esas exigencias se han reforzado”.
Una cochera con vehículos diésel “no puede funcionar como si fuera una dependencia más del edificio, comunicada con zonas de descanso, oficinas o permanencia del personal, sin captación eficaz de emisiones ni separación suficiente”, se defiende.
“EL AYUNTAMIENTO ES TRIPLEMENTE RESPONSABLE”
A colación, se solicita la justificación técnica sobre dos cuestiones muy concretas: la exposición del personal a contaminación procedente de motores diésel y la existencia de una única salida en sectores de incendio: “hasta la fecha, nadie ha dado una respuesta material y motivada. Ese silencio preocupa especialmente cuando están a punto de ejecutarse obras que podrían maquillar el edificio sin corregir los riesgos de fondo”.
Es más, para los sindicatos denunciantes, el Consistorio chiclanero es “triplemente responsable” desde 2003: aprobó en Junta General la construcción de esos parques como miembro del Consorcio; concedió licencia, “por lo que parece, sin revisar exhaustivamente el proyecto”; y tiene la propiedad dominical del inmueble, en cesión al ente instrumental del Consorcio de Bomberos, “y ahora consiente una reforma cosmética sin atender los requerimientos de la Inspección de Trabajo”.
“Tememos que algunas de estas deficiencias se hayan intentado justificar históricamente en la especial cualificación profesional de los bomberos”, exponen desde Bomberos unidos, pero “por muy bombero que uno sea, no es ignífugo por naturaleza, no respira humo sin consecuencias ni es inmune a los contaminantes del diésel. Saber apagar fuegos no convierte una cochera contaminada en un espacio salubre, no sustituye una salida de evacuación y no reemplaza una medida colectiva de protección que la normativa exige para todos, también para quienes se dedican a proteger a los demás”.
ADVERTENCIA FINAL
Así, la petición de SBC, SAB y CSIF es clara: “paralizar, justificar técnicamente y corregir de verdad. No se trata de bloquear una mejora necesaria, sino de impedir que se gaste dinero público en una reforma que deje intacto el problema principal”.
Es más, se apostilla que en el caso de que estas obras se inicien sin haberse resuelto de forma expresa y motivada las cuestiones planteadas, se valorarán acciones como la interposición del recurso contencioso administrativo correspondiente; la formulación de nueva denuncia ante la Inspección de Trabajo; o la presentación de queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz, “por la falta de resolución expresa y por la eventual pasividad administrativa ante deficiencias de seguridad y salubridad comunicadas reiteradamente”.
Pero además, la remisión de antecedentes al Ministerio Fiscal; y la comunicación a la Cámara de Cuentas de Andalucía, “a efectos de que valore la procedencia de fiscalizar la racionalidad, motivación y suficiencia técnica” de este gasto público.
