El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, con Gobierno local del PP encabezado por Germán Beardo, ha ignorado la resolución dictada por el Defensor del Pueblo Andaluz tras una queja por su absoluta inactividad administrativa ante varias reclamaciones de un vecino.
Facua lamenta la “absoluta falta de respeto institucional” del Consistorio portuense. Remitiéndose a la información trasladada por la Oficina del Defensor, subraya que la administración municipal no ha respondido a la resolución emitida durante la tramitación del expediente, por lo que concluye expresamente que no acepta la resolución ni las consideraciones formuladas.
Como consecuencia, el caso será incluido en el Informe Anual al Parlamento de Andalucía como falta de colaboración con el Defensor del Pueblo Andaluz.
La queja presentada por la propia Facua Cádiz, en nombre de uno de sus asociados, tenía su origen en la inactividad administrativa del Ayuntamiento de El Puerto ante varias reclamaciones formuladas en junio de 2016 y mayo de 2021, así como ante una solicitud de información sobre el estado de tramitación presentada en abril de 2023. Ante el silencio como respuesta, la asociación de consumidores demandó nuevamente en octubre de 2024 que cumpliera su obligación legal de resolver expresamente dichos procedimientos. Tampoco lo hizo.
En paralelo, se solicitó que se identificara a los responsables de la tramitación de los expedientes, dado que el incumplimiento del deber de resolver puede dar lugar a responsabilidades disciplinarias.
“OPACIDAD E IRRESPONSABILIDAD”
En la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, Facua cree “especialmente grave” que el Ayuntamiento no solo mantuviera durante años el silencio administrativo frente a las reclamaciones, sino que posteriormente optara también por desatender los requerimientos formulados por el Defensor del Pueblo Andaluz, institución estatutaria encargada de velar por la defensa de los derechos de la ciudadanía frente a las administraciones públicas.
“Esta conducta evidencia una preocupante falta de compromiso con los principios de buena administración, transparencia y sometimiento pleno a la legalidad”, incide dicha asociación; a lo que añade que “ignorar una resolución del Defensor supone un desprecio hacia los mecanismos institucionales de control democrático y proyecta una imagen de opacidad e irresponsabilidad incompatible con el funcionamiento que debe exigirse a cualquier administración pública”.
De la misma manera, Facua remarca que el silencio administrativo “no puede convertirse en un instrumento para eludir las obligaciones legales ni para impedir que los ciudadanos obtengan una respuesta motivada a sus reclamaciones. Resolver en plazo no constituye una facultad discrecional, sino un deber jurídico impuesto por la legislación administrativa”.
Finalmente, esta asociación de consumidores exige al Consistorio portuense, ahora con gobierno de derechas, que abandone esta actitud, asuma las conclusiones formuladas por el Defensor del Pueblo Andaluz y proceda de forma inmediata a resolver los expedientes pendientes, “ofreciendo a los afectados una respuesta ajustada a Derecho tras años de espera injustificada”.
Por ello, se ha dirigido también a los grupos municipales de la oposición solicitando su intervención en este asunto.
El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, con Gobierno local del PP encabezado por Germán Beardo, ha ignorado la resolución dictada por el Defensor del Pueblo Andaluz tras una queja por su absoluta inactividad administrativa ante varias reclamaciones de un vecino.
Facua lamenta la “absoluta falta de respeto institucional” del Consistorio portuense. Remitiéndose a la información trasladada por la Oficina del Defensor, subraya que la administración municipal no ha respondido a la resolución emitida durante la tramitación del expediente, por lo que concluye expresamente que no acepta la resolución ni las consideraciones formuladas.
Como consecuencia, el caso será incluido en el Informe Anual al Parlamento de Andalucía como falta de colaboración con el Defensor del Pueblo Andaluz.
La queja presentada por la propia Facua Cádiz, en nombre de uno de sus asociados, tenía su origen en la inactividad administrativa del Ayuntamiento de El Puerto ante varias reclamaciones formuladas en junio de 2016 y mayo de 2021, así como ante una solicitud de información sobre el estado de tramitación presentada en abril de 2023. Ante el silencio como respuesta, la asociación de consumidores demandó nuevamente en octubre de 2024 que cumpliera su obligación legal de resolver expresamente dichos procedimientos. Tampoco lo hizo.
En paralelo, se solicitó que se identificara a los responsables de la tramitación de los expedientes, dado que el incumplimiento del deber de resolver puede dar lugar a responsabilidades disciplinarias.
“OPACIDAD E IRRESPONSABILIDAD”
En la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, Facua cree “especialmente grave” que el Ayuntamiento no solo mantuviera durante años el silencio administrativo frente a las reclamaciones, sino que posteriormente optara también por desatender los requerimientos formulados por el Defensor del Pueblo Andaluz, institución estatutaria encargada de velar por la defensa de los derechos de la ciudadanía frente a las administraciones públicas.
“Esta conducta evidencia una preocupante falta de compromiso con los principios de buena administración, transparencia y sometimiento pleno a la legalidad”, incide dicha asociación; a lo que añade que “ignorar una resolución del Defensor supone un desprecio hacia los mecanismos institucionales de control democrático y proyecta una imagen de opacidad e irresponsabilidad incompatible con el funcionamiento que debe exigirse a cualquier administración pública”.
De la misma manera, Facua remarca que el silencio administrativo “no puede convertirse en un instrumento para eludir las obligaciones legales ni para impedir que los ciudadanos obtengan una respuesta motivada a sus reclamaciones. Resolver en plazo no constituye una facultad discrecional, sino un deber jurídico impuesto por la legislación administrativa”.
Finalmente, esta asociación de consumidores exige al Consistorio portuense, ahora con gobierno de derechas, que abandone esta actitud, asuma las conclusiones formuladas por el Defensor del Pueblo Andaluz y proceda de forma inmediata a resolver los expedientes pendientes, “ofreciendo a los afectados una respuesta ajustada a Derecho tras años de espera injustificada”.
Por ello, se ha dirigido también a los grupos municipales de la oposición solicitando su intervención en este asunto.
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